18 Dic 17:37h

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó el Presupuesto de la Administración Pública Provincial para el ejercicio fiscal 2026 durante la Decimoquinta Sesión del periodo ordinario. La votación resultó en 22 votos a favor y 12 en contra, tras un debate donde se manifestaron posturas encontradas respecto a la hoja de ruta económica de la provincia. La sesión estuvo encabezada por el vicepresidente primero del cuerpo, el diputado Enzo Cornejo.

El proyecto de ley fijó el total de erogaciones de la administración pública en la suma de $3.093.698.403.000 (tres billones noventa y tres mil seiscientos noventa y ocho millones cuatrocientos tres mil pesos). Asimismo, se establecieron aplicaciones financieras por un monto de $25.394.149.000.

La diputada María Rita Lascano ofició como miembro informante y fundamentó que la norma incluyó las previsiones para la Administración Central, los Poderes Legislativo y Judicial, organismos descentralizados y fondos fiduciarios, bajo los principios de unidad, universalidad y equilibrio fiscal.

Durante el tratamiento en el recinto, un bloque de legisladores compuesto por Emilio Escudero, Sonia Ferreyra, Marta Gramajo, Marisa López, Mario Herrero, Miguel Vega, Juan Carlos Quiroga Moyano y Graciela Seva expresó su desacuerdo con la iniciativa.

Por el contrario, los diputados Gustavo Usin, Alejandra Leonardo, Luis Rueda, Fernando Patinella y Juan de la Cruz Córdoba manifestaron su acompañamiento explícito al proyecto oficialista antes de la votación definitiva que inclinó la balanza a favor del Ejecutivo.

Lascano señaló que el presupuesto priorizó el equilibrio fiscal como política de Estado para garantizar la salud de las finanzas públicas. Según explicó la legisladora, se puso el foco en el fortalecimiento de servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Además, destacó la inversión en capital humano mediante programas de inserción laboral como «Aprender, trabajar y producir», integrando competencias digitales y alfabetización para fomentar el crecimiento personal y laboral de los sanjuaninos.

La metodología de formulación se mantuvo bajo el enfoque de «Presupuesto por Programas orientado a resultados», utilizando techos presupuestarios basados en la recaudación proyectada. La diputada también subrayó que el plan fue desarrollado en coherencia con el marco macro-fiscal del Gobierno Nacional y el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, cumpliendo con la Ley Nacional N° 25.917 a la que la provincia adhirió oportunamente.

En la misma jornada, el cuerpo legislativo sancionó la modificación de la Ley 151-I del Código Tributario. El diputado Juan de la Cruz Córdoba fundamentó los cambios técnicos que incluyeron la redefinición de contribuyentes, responsabilidades solidarias, regímenes sancionatorios y ajustes en impuestos sobre Ingresos Brutos, Sellos y Radicación de Automotores. La diputada Marisa López realizó aportes durante este tramo de la sesión, donde se resaltó la búsqueda de seguridad jurídica y transparencia en la gestión pública.

Finalmente, se aprobó la Ley Impositiva para el Año Fiscal 2026. La diputada Rosana Luque explicó que la normativa mantuvo, de forma general, el esquema de alícuotas y tasas vigentes con el objetivo de proteger la economía local de los efectos del escenario nacional. Con esta medida, el Ejecutivo Provincial buscó evitar el incremento de los costos operativos en los procesos productivos y acompañar la reactivación económica prevista para el próximo periodo.

La oposición

El rechazo al proyecto de presupuesto sumó fuertes críticas por parte del bloque del PJ, con la diputada Marisa López a la cabeza. La exministra de Hacienda de la gestión de Sergio Uñac fundamentó su postura negativa al cuestionar la distribución de recursos y el manejo financiero actual, al tiempo que exigió el reconocimiento de los logros alcanzados por administraciones previas.

López rescató las palabras del propio gobernador sobre el equilibrio fiscal, pero aclaró que ese concepto funcionó como una política de Estado durante 22 años seguidos en San Juan, por lo que lo definió como un patrimonio de la ciudadanía y no como un mérito exclusivo de la gestión presente.

La legisladora puso en duda la narrativa oficialista sobre la pesada herencia y el pago de deudas de años anteriores. Según sus datos, el porcentaje de pagos realizados en 2024 resultó inferior al de 2023, y explicó que la existencia de «deuda flotante» es una característica habitual de cualquier administración pública a nivel global. En ese sentido, sentenció que la gestión estatal requiere de transparencia y hechos concretos más allá de los discursos.

En cuanto a la política de ingresos, López demandó una mayor equidad. Aunque reconoció los aumentos otorgados al sector docente, advirtió que esas mejoras se financiaron en perjuicio del resto de los empleados públicos, mencionando específicamente el retraso salarial en los escalafones de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario.

Por otra parte, expresó su preocupación por una proyección de coparticipación municipal que caería un 15% respecto a lo previsto para 2025, a pesar de que la recaudación provincial total muestra una tendencia superior a lo presupuestado.

El debate por las obras en los departamentos también generó cruces importantes. Los legisladores Stella Caparrós, Emilio Escudero y Sonia Ferreyra señalaron diversas inconsistencias en el plan oficial. Caparrós denunció que se incluyeron partidas para obras ya terminadas, como la ampliación de la avenida Uñac en Pocito. Por su parte, Escudero lamentó la ausencia de soluciones habitacionales para Caucete y el olvido de infraestructuras críticas como el Hospital César Aguilar y la planta de residuos cloacales.

Finalmente, el bloque opositor remarcó el impacto negativo de dejar inconclusas obras de saneamiento que presentan avances de hasta el 90%. Ferreyra subrayó que el parate en proyectos de cloacas en Jáchal, Rivadavia y Pocito afecta directamente la salud de los vecinos, al tiempo que cuestionó la falta de inversión en redes de agua potable. Estas críticas se sumaron a las quejas por la demora en los fondos del Fodere, cuyos desembolsos llegaron con meses de retraso, forzando a los intendentes a cubrir baches financieros con recursos propios.

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