26 Jun 08:01h
La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves una medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos clave de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar un recurso de queja presentado por el Poder Ejecutivo por falta de sentencia definitiva, el máximo tribunal mantuvo la orden judicial de actualizar los haberes del personal docente y no docente, así como de recomponer los programas de asistencia para estudiantes.
La resolución, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la apelación del Gobierno y ratificó lo decidido previamente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El fallo se centra específicamente en los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen la recomposición salarial desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley y la actualización de todos los planes destinados al estudiantado.
El conflicto se originó tras un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades para declarar la inconstitucionalidad del decreto 759/2025. Mediante esa norma, el Ejecutivo había dispuesto que la ley de financiamiento solo se ejecutaría una vez que se determinaran fuentes específicas de recursos, una postura que la justicia consideró una resistencia basada en una norma de jerarquía inferior a la ley dictada por el Congreso.
Aunque la resolución de la Corte no tiene efectos económicos inmediatos —ya que el 10 de junio el Gobierno acordó un incremento salarial del 24,33% y partidas por $50.000 millones para hospitales universitarios—, el fallo representa un aval implícito a la ley.
En instancias anteriores, la justicia advirtió que el incumplimiento de la normativa podía provocar un deterioro salarial grave que afectara el derecho de enseñar y aprender, señalando además que el ahorro por no aplicar la ley no era significativo para el presupuesto nacional.
Finalmente, el tribunal también rechazó las recusaciones y pedidos de excusación contra los jueces que el Estado había planteado bajo el argumento de que los magistrados ejercen la docencia universitaria. Mientras la cautelar permanece vigente, el expediente sobre la cuestión de fondo, que analiza la validez del decreto presidencial, continúa su curso por separado.
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