16 Jun 08:51h
En rigor, el campamento que Vicuña le compró a la corporación PowerChina por unos 52 millones de dólares es insignificante. Equivale al 0,29% del total de la inversión proyectada para el proyecto cuprífero de clase mundial ubicado en el extremo norte de la cordillera sanjuanina. ¿Entonces por qué hubo tanta conmoción?
Hay que encontrar las razones más allá de los números. ‘Ha sido una trompada tan fuerte que casi nos saca del ring’, dijo el presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), Fernando Godoy, en Pelado Stream.
Esa trompada ni siquiera tuvo que ver con la edificación del campamento modular a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar para alojar a unas 2.000 a 2.500 personas. El golpe obedeció a una construcción mucho más delicada: la imagen de la minería que genera tantas expectativas como recelos.
Por eso el gobierno provincial el fin de semana largo puso manos a la obra para acercar a las partes y desescalar la disputa en vidriera. Tratándose de minería, no es una cuestión entre privados solamente. Aquí en San Juan, a diferencia de lo nacional, la libertad tiene límites y las regulaciones son consideradas necesarias.
Un día después de que el gobernador Marcelo Orrego envió a la Legislatura el proyecto de proveedores mineros o ‘Ley para el Desarrollo Local Minero’, el ministro Juan Pablo Perea cuidó milimétricamente sus definiciones en Pelado Stream. Dijo que la ley no fija cupos, sino que establece objetivos.
Fue mucho más que semántica. La terminología genera impactos. La minería es altamente vulnerable a la opinión pública. Los mercados también. Entonces, una palabra mal puesta puede provocar un efecto dominó.
Nueve meses demoró la negociación previa entre sectores para concebir esta ley que tiene el visto bueno de las grandes corporaciones que hoy dominan la Cámara Minera de San Juan (el presidente es José Morea de Vicuña y el vice es Marcelo Álvarez de Barrick), pero también tiene el visto bueno de una parte importante de los proveedores. Unanimidad, no. La dispersión local es un fenómeno de estudio.
El proyecto triplica la obligación de ‘compre local’ comparado con el RIGI, porque establece un 60% contra el 20% del régimen nacional. Hablar del campamento que equivale al 0,29% es despreciable. Pero no se trata de números, como ya se dijo aquí.
Incluso Perea, con mucha moderación, le recordó a Vicuña y al resto de las grandes corporaciones que, más allá de los porcentajes estipulados en la ley, está la ‘licencia social’. Ese activo intangible no se compra. No tiene precio, pero sí un alto valor.
Es precisamente el gran diferencial alcanzado en San Juan en los 20 años de Veladero, no exento de traspiés ambientales y también vinculados a la contratación local. ‘Los chicos nunca entraron’, dijo el diputado iglesiano y hoy presidente de la Comisión de Minería, Gustavo Deguer. Con Veladero la vieron pasar. ¿Con Vicuña también? Es el gran temor.
Por otro lado, ninguna ley podría forzar a una compañía a hacer caridad. Si en una licitación las mejores ofertas vienen de afuera, en términos de precio y calidad, ¿debería priorizar igualmente a un competidor sanjuanino?
Cuando las condiciones de la oferta son similares no hay mucho que pensar. El problema surge cuando la diferencia se estira.
Hoy manda el libre mercado absoluto y la desregulación total, pero hay un precepto constitucional todavía vigente: el recurso natural es patrimonio de la provincia. Es, además, un recurso no renovable.
El artículo 124 de la Constitución Nacional dice que ‘corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio’. Dicho en otros términos: San Juan pone el cobre. Y pone las condiciones también.
PELADO STREAM
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