12 Jun 13:57h
Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), reclamó este viernes en el programa Pelado Stream un tratamiento «urgente» en la Legislatura para el proyecto de ley de proveedores mineros enviado por el gobernador Marcelo Orrego.
Durante la entrevista con Daniel Tejada, Godoy expresó su fuerte malestar por la reciente adjudicación de un campamento en el proyecto Vicuña a la firma asiática PowerChina, calificando el hecho como un duro revés para la licencia social y el discurso del «compre local».
El «golpe» de PowerChina
Godoy destacó que la normativa es una necesidad histórica para San Juan, siendo la única provincia minera que carecía de este encuadre legal. Sin embargo, advirtió que la reciente contratación de la UTE conformada por PowerChina y la santafesina RAFA SA para construir un campamento de 2.000 plazas en Vicuña —proyecto que engloba a Josemaría y Filo del Sol— impactó negativamente en el sector.
«Ha sido una trompada tan fuerte que casi nos saca del ring», sentenció Godoy respecto al caso Vicuña. Según el dirigente, si la ley estuviera vigente, la operadora habría tenido «un poquito más de respeto» por la industria nacional y local. La obra en cuestión fue seleccionada por criterios de costo y capacidad técnica, dejando fuera a empresas sanjuaninas en la etapa de construcción modular.
El proyecto de Orrego y la advertencia por las multas
El proyecto de “Ley para el Desarrollo Local Minero” enviado por el Ejecutivo establece que las operadoras deben destinar un 60% de sus contrataciones a empresas locales y alcanzar un 80% de empleo sanjuanino. Para esto, se creará el RE.PRO.MIN (Registro de Proveedores Mineros), donde solo podrán inscribirse firmas con arraigo real en la provincia.
No obstante, Godoy planteó una observación crítica sobre las sanciones por incumplimiento: «El monto es menos de $50.000… te va a decir la minera: ‘bueno, pagame la multa y pasemos por encima'». El empresario solicitó que los montos sean considerables en relación con las inversiones millonarias para que las operadoras no prefieran pagar la sanción en lugar de contratar localmente.
El impacto del RIGI y la industria nacional
Sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Godoy coincidió en que puede ser perjudicial para el eslabón local: «Tengan cuidado con el RIGI, castiga mucho a los proveedores». Explicó que, aunque apoyan el régimen para atraer inversiones, el cupo para proveedores locales es bajo frente a los beneficios impositivos que reciben las operadoras.
En ese sentido, Godoy propuso una mirada integradora con la industria nacional: «No se puede plantear alambrar una provincia cuando el proyecto es de más de 18.000 millones». Para el titular de CAPRIMSA, San Juan no podrá cubrir por sí sola la magnitud de la demanda futura, por lo que es vital asociarse con la industria de otras provincias para evitar que los contratos terminen exclusivamente en manos de empresas extranjeras.
Ordenamiento de las cámaras
Finalmente, Godoy celebró que la ley incluya criterios de regularidad para las cámaras empresariales, buscando terminar con la proliferación de entidades sin sustento. «Más que una cámara es una juntada de amigos», disparó sobre aquellas instituciones que no cuentan con personería jurídica ni autofinanciamiento. Aseguró que CAPRIMSA es «el fruto y el éxito de la desprolijidad de los demás» y que la nueva norma ayudará a ordenar el sistema,.
PELADO STREAM
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