10 Jun 09:57h
Establecer que las empresas mineras destinen el 60% de sus compras a proveedores locales implica triplicar el mínimo establecido en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Es lo que dice el proyecto de ley que envió Marcelo Orrego a la Cámara de Diputados.
Elevar tanto el piso de contratación local podría entenderse como una limitación para las grandes corporaciones que anunciaron inversiones por unos 31.200 millones de dólares distribuidos en cinco proyectos de gran escala.
Eso sería una flagrante vulneración de los beneficios contenidos en el RIGI, si el proyecto no hubiera pasado una y mil veces por el ojo vigilante de las grandes corporaciones que integran la Cámara Minera de San Juan.
El proyecto se demoró mucho y esa fue una de las razones: atar cabos sueltos para evitar que se convierta en una bomba de tiempo. Los grandes jugadores del mercado dieron su beneplácito para cargar con esa imposición del históricamente denominado ‘compre local’.
El debate tendrá sus bemoles, de todos modos. En las incontables cámaras de proveedores habrá distintos niveles de conformidad. Ya se escuchó algún rezongo por la definición de ‘proveedor local’. Hay empresarios pymes de Calingasta, Iglesia y Jáchal que rechazan abrir el juego a los competidores del resto de la provincia.
Sin embargo, como ya se analizó en esta columna, imponer limitaciones de contratación a las grandes compañías mineras tiene doble filo. Sobre todo, cuando la demanda de bienes y servicios es muy específica y no siempre los proveedores de la zona de influencia tienen las condiciones para satisfacer esa demanda, tanto en volumen como en calidad.
En la última edición de la Expo San Juan Minera, los CEOs de las compañías coincidieron en celebrar el RIGI, la modificación de la Ley de Glaciares y en general la política liberal-libertaria. En ese tono amistoso fue implícita una advertencia a los funcionarios presentes: toda alteración del marco regulatorio podría alterar el clima de negocios.
Por eso la ley de proveedores mineros que Orrego envió a Diputados demoró todo lo que demoró.
Por otro lado, se puede prever que el proyecto tendrá un tránsito áspero por la Legislatura. De eso no quepa duda. La relación entre oficialismo y oposición se tensó a partir del tratamiento acelerado de la ley de financiamiento de obra pública que autorizó al Ejecutivo a contraer deuda por 600 millones de dólares.
Que el sector privado involucrado haya dado su conformidad -al menos de forma mayoritaria- siempre será un aliciente para allanar el debate parlamentario. El peronismo sanjuanino es prominero.
Sin embargo, la discusión tendrá espacio para los sectores disidentes que se sientan excluidos de la tan prometida era del cobre. Y los habrá.
Otro factor a considerar es la oportunidad en que Orrego envió el proyecto a la Legislatura, cinco días después de que trascendiera la compra monumental que hizo Vicuña a la corporación asiática PowerChina para montar un campamento en la alta montaña.
Fue noticia nacional. Le dio materialidad al peor de los miedos: que el RIGI fue diseñado para que ‘se la lleven toda’ y no quede un dólar en el país.
El desafío del gobierno de Orrego es refutar ese folklore anti-RIGI y en cierta medida lo hace con este proyecto de ley. Habrá que leer la letra chica. No faltará la controversia, porque pretender unanimidad en un tema tan delicado sería utópico.
El único consenso, es el mayor de todos: aquí ya no se discute minería sí o minería no, sino minería cómo. Y por cuánto. Y para quiénes.
PELADO STREAM
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