10 Jun 17:44h
El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, ratificó la constitucionalidad y la convivencia armónica de la nueva “Ley de Desarrollo Local Minero” con el marco normativo nacional, tras la formalización del envío del proyecto a la Cámara de Diputados.
En una entrevista brindada este miércoles a Daniel Tejada en Pelado Stream, el funcionario fue categórico al despejar dudas sobre posibles choques legales: «Al ser una ley que te hable de objetivos y no te hable de cupo, no tiene ninguna implicancia con el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), por lo tanto, no tiene ningún tipo de contradicción».
La normativa, que busca capturar parte de los más de USD 31.200 millones proyectados en inversiones para la provincia, se aleja de esquemas restrictivos para enfocarse en la medición y el desarrollo.
Según explicó Perea, el texto es fruto de “9 meses de diálogo” con cámaras de proveedores, la Cámara Minera y diversos sectores políticos, con la premisa de no tratar a la actividad como un fin en sí mismo, sino como una “herramienta de desarrollo, un modo de convertir la inversión que llega… en trabajo, en proveedores y en oportunidades que se queden en San Juan”.
Metas progresivas
El corazón del proyecto establece parámetros claros pero flexibles. El ministro detalló que el Título II de la ley fija “objetivos progresivos con metas de referencias”, destacando un “80% para trabajadores locales sobre la nómina total” y un “60% del monto total de las adquisiciones con los proveedores locales”.
Perea subrayó que la ley contempla las distintas fases de los proyectos mineros, entendiendo que la demanda laboral varía entre la construcción y la producción. Por ello, aclaró que “ese techo del 80% es la meta. Esto no es un cupo automático, sino que es una meta a alcanzar”. La intención oficial es pasar de un sistema de declaraciones informales a una “matriz unificada y verificable” que permita al Estado una “medición confiable” que no existió en décadas anteriores.
Licencia social y el caso «Power China»
Durante la entrevista, se abordó la reciente polémica por la contratación de una corporación china para la construcción de un campamento en el proyecto Vicuña. Aunque Perea reconoció que son procesos privados, calificó el evento como un “leading case” (caso testigo) para el futuro.
“Lo ideal hubiese sido que esa contratación quedara en manos de empresas locales o nacionales especializadas”, señaló el ministro, lanzando una advertencia a las operadoras: “Tienen que entender que en una provincia como San Juan… no todos son números. También hay intangibles como es el acuerdo social o la licencia social. No es lo único que hay que mirar siempre”.
No obstante, buscó quitarle dramatismo al señalar que dicha obra representa menos del 1% de la inversión total del proyecto.
El Estado como árbitro y el sistema de sanciones
Para dar soporte técnico a estas metas, la ley prevé la creación del RE.PRO.MIN (Registro de Proveedores Mineros de San Juan), donde las empresas deberán demostrar “arraigo real” y tributación local para ser consideradas proveedores sanjuaninos. El cumplimiento de los objetivos de empleo y compras será premiado con un Certificado de Crédito Fiscal transferible.
Sin embargo, el ministro recordó que, como todo marco legal, existe un régimen de deberes: “Está dentro de las obligaciones y si no, por supuesto, tiene un régimen sancionatorio que será aplicable”.
Según la información de contexto, estas sanciones por incumplimientos injustificados o falsedad en las declaraciones pueden alcanzar las 60.000 Unidades Tributarias.
Con esta herramienta, el Gobierno de Marcelo Orrego busca dar previsibilidad a las pymes locales, obligando a las mineras a publicar sus cronogramas de demanda con antelación para que el sector privado local pueda prepararse y competir.
PELADO STREAM
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