09 Jun 19:31h

El Poder Ejecutivo de San Juan remitió hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley para el Desarrollo Local Minero”, una normativa que establece que las grandes operadoras mineras deberán destinar, como objetivo, el 60% de su monto anual de contrataciones a empresas locales.

La iniciativa, firmada por el gobernador Marcelo Orrego, busca garantizar que el auge de la actividad se traduzca en un crecimiento económico tangible para las familias sanjuaninas, sumando además la meta de alcanzar un 80% de empleo local en cada proyecto.

El proyecto surge en un contexto de inversión histórica, con compromisos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que superan los 31.200 millones de dólares y la presencia de cuatro de los yacimientos de cobre más importantes del país en territorio provincial.

Para operativizar estas metas, las empresas y sus contratistas principales estarán obligadas a presentar Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores con objetivos medibles y reportes públicos de avance.

Instrumentos de control y fomento

Para asegurar la transparencia, se creará el RE.PRO.MIN (Registro de Proveedores Mineros de San Juan), un padrón digital donde solo podrán inscribirse firmas con arraigo real, lo que implica tener domicilio operativo en la provincia, tributar localmente y contar con un 80% de personal sanjuanino.

Solo las contrataciones realizadas con empresas inscriptas en este registro computarán para alcanzar la meta del 60%.

Como incentivo, el Estado otorgará un Certificado de Crédito Fiscal transferible a las operadoras que cumplan simultáneamente con los objetivos de compras y empleo. Por el contrario, aquellas que incurran en incumplimientos injustificados o falsedad en sus declaraciones podrán enfrentar sanciones que alcanzan las 60.000 Unidades Tributarias.

Previsibilidad y rol del Estado

La ley también exige que las mineras publiquen sus cronogramas de demanda de bienes y servicios con antelación, permitiendo que las pymes locales puedan prepararse para competir.

Según el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, el objetivo es transformar la riqueza mineral en empleo de calidad y desarrollo empresarial a largo plazo, posicionando al Estado como un «árbitro» que audita y rinde cuentas sobre los recursos que son propiedad de la provincia.

La nueva norma abroga la Ley 1208-M, que nunca llegó a implementarse, y otorga a las empresas un plazo de entre 60 y 90 días para presentar sus planes iniciales una vez aprobada la legislación, la cual ya cuenta con una base de consenso transversal en la Legislatura.

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