27 Abr 08:36h
Familiares de víctimas de tránsito y especialistas de toda Argentina manifestaron su profundo rechazo y preocupación ante los proyectos legislativos de 2026 que proponen la eliminación, fusión o transferencia de funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Los denunciantes advierten que disolver este organismo técnico y federal equivale a «firmar la sentencia de muerte» de más ciudadanos en las rutas, perdiendo un ecosistema institucional que garantiza el derecho a una movilidad segura.
La ANSV desempeña roles críticos que, según las víctimas, no pueden ser sustituidos sin generar un grave retroceso en la seguridad pública. Entre sus funciones principales se destacan la coordinación federal de políticas viales, la unificación de criterios para la Licencia Nacional de Conducir y el funcionamiento del Observatorio Vial, que genera evidencia científica para la toma de decisiones. Además, se resalta la importancia de la Línea 149 (opción 2), el único dispositivo estatal que brinda asistencia técnica y profesional post-siniestro a los afectados.
En términos operativos, la agencia ha demostrado resultados concretos en lo que va de 2026, con la fiscalización de más de 1.200.000 vehículos y el retiro de circulación de 4.500 conductores alcoholizados. Los familiares cuestionan la posible transferencia de estas competencias a la Gendarmería Nacional, argumentando que dicha fuerza no posee la formación técnica, preventiva ni pedagógica que requiere la seguridad vial integral.
Esta situación se enmarca en un contexto de fuerte tensión por la gestión de la red vial. El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) también ha expresado un rechazo categórico al Decreto 253/72026, que dispone la provincialización de rutas nacionales y habilita el cobro de peajes directos. Según el CONADUV, esta medida es inconstitucional por carecer de una ley formal y advierte que no traerá mejoras en la seguridad vial, sino que encarecerá la logística y restringirá la circulación.
Finalmente, los colectivos de víctimas instan a los legisladores a no tratar la seguridad vial como una cuestión meramente presupuestaria. Exigen que se priorice la protección de la vida y se fortalezca el rol institucional de la ANSV en lugar de su debilitamiento, recordando que la ausencia del Estado en las rutas se traduce directamente en ausencias evitables en los hogares argentinos
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