22 Abr 07:54h
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, profundizó el conflicto limítrofe con San Juan al reclamar soberanía sobre el Parque Nacional Ischigualasto y el área del proyecto minero Josemaría. El mandatario riojano cuestionó la validez de los acuerdos territoriales firmados en 1968, argumentando que, al haber sido suscriptos durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, carecen de legitimidad institucional y deben ser revisados por el Senado de la Nación.
En declaraciones realizadas en Buenos Aires, Quintela sostuvo que existe un «litigio histórico» por los límites que nunca fue resuelto de manera definitiva. Respecto a Ischigualasto, afirmó que el territorio pertenecía originalmente a La Rioja y fue transferido a San Juan de forma irregular, por lo que propuso incluso un modelo de administración compartida. Según el gobernador, el Senado debe actuar como «árbitro» en esta disputa que ahora suma un fuerte componente simbólico y patrimonial.
Desde San Juan, los argumentos de Quintela han sido rechazados basándose en antecedentes legales. El investigador de la Universidad Nacional de San Juan, Fredi Varas, aclaró que, si bien el acuerdo inicial fue en 1968, los límites fueron ratificados en 1973 mediante la Ley 3.848 durante un periodo democrático. Además, subrayó que en 2014 se realizó una reafirmación de los límites basada en informes del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ).
Esta nueva arremetida de La Rioja se da en un contexto de creciente tensión por el proyecto minero Josemaría. Recientemente, una jueza riojana ordenó suspender por 30 días las actividades y el tránsito por los accesos logísticos en territorio de esa provincia, alegando falta de estudios de impacto ambiental.
Quintela también vinculó el reclamo a una necesidad de «solidaridad y generosidad» por parte de San Juan en el reparto de beneficios económicos y empleo vinculado a la minería.
El conflicto, que anteriormente se centraba en la distribución de regalías, ha escalado ahora a una disputa de soberanía territorial que el gobierno riojano busca instalar en la agenda política nacional y el Congreso.
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