16 Abr 13:34h

La jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, ordenó la paralización por 30 días de las actividades del proyecto minero Vicuña, el mayor emprendimiento de cobre de Argentina, ubicado en la provincia de San Juan. La medida cautelar, dictada este 16 de abril de 2026, responde a una demanda presentada por la Secretaría de Ambiente de La Rioja debido a la falta de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que avale el tránsito de maquinaria y vehículos por territorio riojano.

El fallo dispone la instalación de retenes policiales en la localidad de Guandacol para bloquear de manera efectiva el paso de los más de 600 camiones y camionetas que diariamente utilizan 140 kilómetros de rutas riojanas como traza obligada hacia el yacimiento. Según las autoridades riojanas, la empresa Vicuña S.A. (operada por BHP y Lundin Mining) no ha presentado la documentación ambiental exigida por la legislación local para circular por distritos como Guandacol, Villa Unión y Jagüé, afectando suelos y cursos de agua sin las debidas medidas de mitigación.

El conflicto, además de lo ambiental, tiene un trasfondo de reclamo por empleo e infraestructura. El gobierno de La Rioja sostiene que el proyecto utiliza sus caminos desde hace 15 años sin generar compensaciones socioeconómicas, desarrollo de proveedores locales ni las obras viales prometidas, como un derivador de tránsito en Guandacol.

Actualmente, solo 160 trabajadores riojanos se desempeñan en la mina, cifra considerada insuficiente por el intendente de General Lamadrid, Luis Orqueda.

A esta tensión se suma una disputa por el manejo de la energía y los límites territoriales. Por un lado, La Rioja cuestiona la prioridad de uso exclusivo que el ENRE otorgó al proyecto sobre la línea eléctrica Nueva San Juan-Rodeo. Por otro, el gobernador Ricardo Quintela reveló que buscará rediscutir ante la Corte Suprema los límites históricos entre ambas provincias, alegando que el yacimiento Josemaría —parte del distrito Vicuña— se encuentra en tierras que originalmente pertenecían a La Rioja.

La paralización judicial pone en riesgo el cronograma de construcción de la primera etapa, previsto para el primer trimestre de 2027. El secretario de Ambiente local, Santiago Azulay, advirtió que la suspensión solo se levantará si la empresa cumple con la normativa riojana, y no descartó que el conflicto escale a instancias superiores si no se logra un equilibrio en los impactos del megaproyecto.

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