26 Dic 07:34h
El Gobierno nacional afronta este viernes 26 de diciembre una sesión determinante en el Senado para definir su proyección política y financiera del próximo año. Tras un mes de intensas negociaciones con los gobernadores, el oficialismo busca sancionar el Presupuesto 2026 y cortar así una racha de dos años consecutivos sin una ley de gastos aprobada.
La iniciativa incluye además el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que contempla una reforma integral del Régimen Penal Tributario y la implementación de una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias para pequeños contribuyentes.
La principal preocupación de la Casa Rosada radica en la posibilidad de que se repita la rebelión provincial ocurrida previamente en la Cámara de Diputados, donde se rechazó un capítulo clave que eliminaba el financiamiento universitario y de discapacidad.
En esta instancia, el foco de conflicto se centra en el artículo 30, el cual estipula la derogación de los pisos mínimos de inversión en educación y ciencia. Dicha reforma pretende eliminar la obligatoriedad de destinar el 6% del PBI a educación y el esquema de progresividad que buscaba alcanzar el 1% para ciencia en 2032, además de suprimir fondos específicos para la educación técnica y la defensa nacional.
El riesgo para el Poder Ejecutivo no solo es el contenido, sino también los plazos legislativos. Cualquier modificación en el Senado obligará a que el proyecto regrese a Diputados, otorgando apenas dos días para su tratamiento antes del cierre de sesiones extraordinarias el 30 de diciembre.
Ante este escenario de incertidumbre, el oficialismo garantizó pasajes de avión abiertos para que los legisladores provinciales puedan viajar de urgencia a la Capital Federal en caso de ser necesario un nuevo debate en la Cámara Baja.
En términos macroeconómicos, el Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del 5,4% del PBI y una inflación anual del 10,1%. Un punto destacado fue la estimación del tipo de cambio a $1.423 para diciembre del próximo año, una cifra que plantea un fortalecimiento de la moneda local respecto a los $1.475 registrados en la jornada de la sesión.
Asimismo, el texto fija como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI, sustentado en un incremento de la recaudación por Ganancias y Combustibles, según los informes de la Oficina del Presupuesto del Congreso.
La reforma tributaria adjunta propone cambios profundos en la persecución penal de los delitos fiscales. Se elevan los umbrales para considerar una falta como penal, llevando el piso de la evasión simple a $100 millones y la calificada a $1.000 millones.
El paquete se completa con la creación de un régimen de declaración jurada simplificada, donde el fisco confecciona la liquidación para personas humanas con patrimonios limitados, liberándolas de cargas formales si cumplieron con los pagos en término.
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