23 Dic 07:58h
El proyecto de Presupuesto 2026 enfrenta un panorama crítico en la Cámara de Senadores debido a la permanencia de artículos que desfinancian de manera estructural al sistema educativo y científico nacional. A pesar de que el oficialismo logró la media sanción en Diputados tras aceptar la continuidad de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, el sostenimiento del polémico artículo 30 y el desfinanciamiento de las escuelas técnicas ponen en riesgo la aprobación definitiva de la ley de leyes.
El artículo 30 de la iniciativa oficial propone la suspensión de las metas de inversión mínima obligatoria en áreas estratégicas. Mediante este apartado, el Poder Ejecutivo busca dejar sin efecto el cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que fija un piso del 6% del PBI para el sector, y desactiva las metas progresivas de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta medida representa un cambio de paradigma legal que genera una fuerte resistencia en los bloques opositores y en los representantes de las provincias.
En este marco de ajuste, la situación de la educación técnica resulta particularmente alarmante según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El proyecto contempla un recorte del 93% sobre el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) en relación con lo ejecutado en 2023.
De prosperar este vaciamiento, se pone en peligro el funcionamiento de cerca de 1.700 establecimientos que brindan formación profesional desde la Puna jujeña hasta el extremo sur del país, afectando la base del desarrollo industrial argentino.
La desarticulación financiera también impacta de lleno en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), el cual sufre una reducción presupuestaria del 84,5%. Hasta el momento, muchas escuelas agrotécnicas y técnicas se mantuvieron operativas solo por el auxilio financiero de los gobiernos provinciales ante la subejecución de fondos nacionales. Esta combinación de recortes estructurales y la eliminación de pisos de inversión por el artículo 30 deja al sector educativo librado al azar, convirtiéndose en el principal escollo político que el Gobierno debió sortear en la Cámara Alta.
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