30 Ene 08:20h
El Senado de la Nación trataría el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares el próximo miércoles 11 de febrero, según publicó el sitio Energy Report de acuerdo a fuentes parlamentarias.
El dictamen favorable de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se obtuvo el pasado 18 de diciembre. El pleno de la Cámara Alta debatiría esta iniciativa antes que la reforma laboral. La propuesta del oficialismo busca generar certidumbre y seguridad jurídica para inversiones mineras superiores a los 30.000 millones de dólares.
Prioridad legislativa y cronograma de febrero
El Gobierno Nacional decidió postergar el tratamiento del proyecto tras las fiestas para abrir un tiempo de análisis durante enero. La fecha del 11 de febrero se confirmaría en las próximas horas. El oficialismo descartó sesionar el miércoles 4 de febrero debido a la dificultad logística de reunir a los legisladores en Buenos Aires el último fin de semana de enero.
La reforma laboral se encuentra actualmente «empantanada» en el Senado. Por este motivo, el Poder Ejecutivo buscaría iniciar la actividad legislativa de febrero con la adecuación de la Ley 26.639. Voceros oficiales indicaron que todos los esfuerzos se centraron en la reforma laboral, pero la Ley de Glaciares podría tratarse incluso el mismo día 11.
Objetivos de la adecuación técnica
El Ejecutivo remarcó que la iniciativa no constituye una ley nueva ni una flexibilización ambiental. El texto propone una corrección técnica y competencial para aclarar el alcance de la norma vigente. La propuesta no deroga la ley ni altera sus prohibiciones centrales. El objetivo declarado es reforzar el rol de las provincias y dar precisión operativa a la regulación sin afectar proyectos en marcha ni inversiones del RIGI.
La reforma recogió reclamos de las provincias cordilleranas y contó con el respaldo de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. Los gobernadores de Salta, Catamarca, Jujuy, San Juan y Mendoza expresaron su apoyo explícito. El Gobierno fundamentó el proyecto en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional para respetar la autonomía federal y la propiedad provincial de los recursos naturales.
Postura del sector minero y proveedores
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) subrayó que no impulsa la derogación de la norma. El sector busca definiciones más precisas sobre el ambiente periglacial para reducir la incertidumbre jurídica. CAEM enfatizó que la actividad minera está prohibida sobre glaciares y que ningún proyecto operativo se desarrolla actualmente en esas áreas.
Manuel Benítez, titular de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), defendió la necesidad de aclarar la normativa para garantizar una minería responsable. Benítez destacó la importancia de actualizar el Inventario Nacional de Glaciares, que posee más de ocho años de antigüedad. El dirigente, que representa a 120.000 trabajadores, afirmó que las provincias cuentan con expertos y científicos capacitados para realizar dicho inventario y manejar sus propios recursos.
Rechazo de organizaciones ambientalistas
Un frente de ONG, integrado por Greenpeace, FARN y Jóvenes por el Clima, entre otras, advirtió que la reforma representa un retroceso significativo. Las organizaciones señalaron que los cambios pondrían en riesgo la seguridad hídrica de siete millones de personas. Argentina posee casi 17.000 glaciares que alimentan 36 cuencas hídricas esenciales durante períodos de sequía.
Los ambientalistas cuestionaron la constitucionalidad del proyecto por vulnerar el principio de no regresión ambiental. Alertaron que trasladar a las provincias la definición de qué áreas proteger rompería el carácter nacional de los presupuestos mínimos. Greenpeace lanzó una campaña de presión directa contra cinco senadores que poseen poder de decisión sobre la norma bajo la consigna «la Ley de Glaciares no se toca».
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