03 Mar 08:11h
La Confederación General del Trabajo (CGT) se presentó ante los tribunales este lunes para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral aprobada por el Congreso Nacional.
La central obrera acompañó la presentación legal con una movilización masiva a Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, bajo la premisa de que la normativa vulnera principios fundamentales de la Constitución Nacional. El planteo judicial ocurrió de manera preventiva, antes de que el Poder Ejecutivo concrete la promulgación oficial de la ley.
La estrategia gremial se centró en denunciar la violación del principio de progresividad y no regresión, el cual prohíbe que una legislación elimine derechos laborales ya adquiridos.
Entre los puntos específicos impugnados figura el artículo 98, que extiende la calificación de «servicios esenciales» a diversas actividades para obligar a garantizar hasta el 75% de la prestación durante huelgas. Los asesores legales de la central calificaron esta medida como una prohibición fáctica del derecho al reclamo sindical.
El escrito judicial también cuestiona las restricciones impuestas a la realización de asambleas en los lugares de trabajo y la tipificación de los bloqueos como «infracciones muy graves» que habilitan despidos.
La conducción de la CGT argumentó que la reforma habilita esquemas de jornadas de hasta 12 horas y la degradación de las paritarias nacionales a través de convenios por empresa.
Según el comunicado oficial, estas modificaciones representan una afectación grave a la protección del salario y a la libertad sindical.
La movilización a Tribunales marcó el inicio de un plan de lucha que combina la resistencia jurídica con la protesta en las calles. Mientras los líderes sindicales señalaron que la legislación impulsada por el Gobierno nacional resulta regresiva, el oficialismo defendió la norma como un paso necesario para la modernización del mercado de trabajo.
La resolución de este conflicto quedó ahora supeditada a los tiempos de la Justicia, que deberá definir la validez de los artículos que modificaron el marco regulatorio laboral del país.
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