30 Dic 07:39h
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, declaró la nulidad de los protocolos antipiquetes diseñados por la actual senadora Patricia Bullrich. El magistrado concluyó que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas al dictar una norma que restringió derechos fundamentales sin el respaldo de una ley formal del Congreso.
El fallo hizo lugar al amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a diversas organizaciones sociales y sindicales, al considerar que el Ministerio de Seguridad invadió competencias en materia penal y procesal.
La decisión judicial sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede regular derechos mediante actos administrativos, ya que la Constitución Nacional establece una reserva de ley estricta para reglamentar la libertad de expresión, reunión y protesta.
Según el juez, la Resolución 943/23 desnaturalizó estos derechos al calificar como delito flagrante cualquier manifestación que disminuya la circulación, habilitando intervenciones policiales sin orden judicial previa. Asimismo, el magistrado cuestionó la falta de motivación suficiente en la norma, al señalar que se invocaron razones genéricas de orden público sin realizar una ponderación concreta sobre los derechos afectados.
El esquema diseñado por Bullrich facultaba a las cuatro fuerzas federales y al Servicio Penitenciario Federal para despejar bloqueos totales o parciales mediante el uso de la fuerza. El protocolo también preveía la identificación obligatoria de manifestantes y organizadores, el relevamiento de vehículos con posibilidad de incautación y sanciones para adultos que concurrieran con menores a las movilizaciones.
El fallo remarcó que los estándares internacionales obligan al Estado a facilitar la protesta social en lugar de suprimirla por vía administrativa, invalidando así el control de legalidad de la resolución ministerial.
Ante el revés judicial, el Gobierno nacional ratificó su postura y anticipó que apelará la medida. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que sin el protocolo imperaría el caos y defendió los fundamentos técnicos y operativos de la herramienta. Por su parte, la senadora Patricia Bullrich acusó al juez Cormick de actuar en favor de quienes buscan la desestabilización y aseguró que el orden no se negocia.
Ambas funcionarias coincidieron en que no darán un paso atrás en la aplicación de la normativa, mientras que el Ministerio de Seguridad reafirmó la legitimidad de la medida a través de un comunicado oficial.
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