15 Jul 08:19h
El Poder Ejecutivo nacional busca la aprobación urgente de un paquete de reformas legales que incluyen la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la flexibilización de la venta de tierras rurales a extranjeros. Las iniciativas enfrentan un escenario de paridad en el Senado, donde persisten dudas de legisladores aliados sobre los mecanismos de control estatal en las transacciones inmobiliarias y el manejo de los borradores del proyecto.
La propuesta de reforma del BCRA establece como mandato único la preservación del valor de la moneda. Según el vocero presidencial Adrián Ravier, el plan prohíbe que la entidad financie al Tesoro Nacional a través de adelantos transitorios o la creación de letras intransferibles.
Al respecto, el funcionario sostuvo que el objetivo es que «la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda» y asegurar su independencia del poder político. El proyecto contempla, además, el endurecimiento del régimen de sanciones para las autoridades que emitan dinero para cubrir el déficit fiscal.
En cuanto a la ley de propiedad privada, el oficialismo pretende eliminar los topes generales para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros. Ravier afirmó que la normativa de 2011 «criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros» y que las restricciones de 1000 hectáreas en la zona núcleo impiden el desarrollo de proyectos productivos en el NEA y la Patagonia. No obstante, el texto mantiene que las empresas con participación estatal extranjera requerirán una autorización específica.
El debate en la Cámara Alta sumó complicaciones por la incorporación del concepto de «silencio administrativo» positivo en el capítulo de tierras. Este mecanismo permite que el vencimiento de los plazos sin respuesta del Estado opere como una autorización de pleno derecho para la compra de inmuebles.
El vocero justificó la distinción entre inversores y Estados: «Al poder estatal extranjero se lo controla más que nunca mientras que a los productores e inversores genuinos se les deja de cerrar la puerta en la cara».
Pese a la confianza oficial, el bloque libertario enfrenta críticas internas por el tratamiento de la norma, que ya acumuló 13 borradores después del dictamen de comisión. Sectores de la oposición y algunos aliados cuestionan la desvalorización de la labor legislativa ante los constantes cambios de último momento en el articulado sobre zonas de seguridad de frontera y el régimen de expropiaciones. El gobierno espera que el pliego judicial del camarista Víctor Pesino y la ley de propiedad privada obtengan el aval de la cámara este jueves.
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