15 Jul 07:53h
La Justicia de San Juan formalizó la imputación contra cinco personas por el presunto fraude de 90 millones de pesos en la adquisición de equipamiento informático para la fuerza policial durante el gobierno pasado. El fiscal Roberto Ginsberg (foto), integrante de la UFI Delitos Especiales, confirmó que los equipos secuestrados en un depósito poseen una calidad técnica inferior a la que el Estado pagó y anunció que solicitará el levantamiento del secreto bancario para determinar el destino de los fondos.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Ginsberg detalló que la investigación penal preparatoria cuenta con un plazo de un año. El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que, tras una pericia informática, se verificó que el material no coincide con las especificaciones del contrato. «Constatamos que no eran la calidad que se había comprado y ya pagado», afirmó el fiscal Ginsberg ante la prensa. Además, la fiscalía advirtió sobre la falta de claridad en el circuito financiero de la operación: «No se sabe a dónde fue a parar ese dinero. Queremos saber cómo fue el circuito del dinero».
El caso, que se originó por una denuncia del exjefe de la Policía, Luis Walter Martínez, sumó sospechas cuando los técnicos hallaron documentación del Ministerio de Educación en la memoria de las impresoras secuestradas. Este indicio refuerza la hipótesis de que los equipos no son nuevos, sino que pertenecen a otra repartición estatal. El fiscal Ginsberg destacó que el depósito donde apareció el cargamento en julio de 2025 pertenece a una firma ajena a la proveedora original, lo que despertó las alarmas iniciales.
Los protagonistas y el contexto de la estafa
La investigación tiene como principales imputados a cinco personas bajo los cargos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los señalados son los siguientes:
- María de Lourdes Quiroga Coll: Apoderada de la firma proveedora SCH Emprendimientos SAS (también referida como CSH).
- Enzo Ariel Fava: Ingeniero que trabajaba en la Secretaría de Seguridad al momento de los hechos.
- Juan José González: Comisario de la Policía de San Juan.
- Juan José Valverde: Subcomisario en actividad.
- Jorge Eduardo Santoni: Comisario mayor retirado.
La maniobra administrativa ocurrió en mayo de 2023, bajo el Decreto 593/2023, que autorizó la compra de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets con fondos enviados por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Según la acusación fiscal, los integrantes de la comisión de recepción firmaron facturas y remitos para dar fe de que los bienes habían ingresado en tiempo y forma, lo que permitió que la Provincia liberara los pagos por 90 millones de pesos. No obstante, las auditorías de la actual gestión confirmaron que los equipos jamás llegaron a las dependencias policiales destinadas. La causa se tramita definitivamente en el fuero provincial tras una resolución de competencia de la Corte de Justicia en mayo de 2026.
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