07 Jul 07:30h

Tras casi tres años de intenso debate judicial, la megacausa de expropiaciones en San Juan llegó a su fin con un veredicto que marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción. El tribunal colegiado, compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, sentenció a prisión efectiva a nueve de los doce imputados. Destaca la condena del abogado Santiago Graffigna, señalado como el líder de la organización.

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Una trama de corrupción que desfalco al Estado

La acusación detalló cómo los imputados conformaron una asociación ilícita dedicada a manipular las tasaciones oficiales de terrenos expropiados. Esta maniobra permitía inflar artificialmente el valor de las propiedades. Así lograban que el Estado provincial desembolsara cifras muy superiores a su valor real. El perjuicio económico, comprobado durante el juicio, asciende a la impactante suma de más de 13.800 millones de pesos. Este dinero, según la investigación, fue desviado en beneficio de un grupo selecto con conexiones tanto en el Poder Judicial como en áreas administrativas clave.

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Los condenados y sus penas

El principal sentenciado es Santiago Graffigna, quien recibió una pena de 7 años y 8 meses de prisión efectiva por múltiples delitos de fraude y estafa, así como por ser el jefe de la asociación ilícita. Junto a él, otros ocho imputados fueron declarados culpables por delitos que incluyen fraude a la administración pública, tentativa de estafa, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita.

A continuación, el detalle de las condenas:

• Santiago Graffigna: 7 años y 8 meses de prisión efectiva.
• Carlos Macchi: 6 años y 2 meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
• Mario Díaz: 6 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
• Ana María Melvin: 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
• José Moreno: 3 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
• Néstor Adán Ruiz: 4 años y 6 meses de prisión efectiva.
• Juan Pablo Quiroga: 3 años de prisión efectiva.
• Víctor Hugo Bustos: 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
• Horacio Alday: 6 años de prisión efectiva.

Es importante señalar que Julio César Fernández, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera fueron absueltos. Un imputado restante será evaluado por una junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el proceso judicial.

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La fortuna a devolver y el plazo para hacerlo

Además de las penas de prisión, el tribunal fue contundente al ordenar el decomiso de los fondos obtenidos fraudulentamente. Los condenados deberán reintegrar al Estado provincial la suma de $13.110.880.247. Tendrán un plazo perentorio de 10 días una vez que la sentencia quede firme para depositar el dinero. En caso de incumplimiento, se habilitará la ejecución forzosa del cobro, que presumiblemente será gestionada por la Fiscalía de Estado, dado que se trata de recursos públicos.

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Medidas cautelares y el futuro de las condenas

Si bien las condenas son de cumplimiento efectivo, los imputados no irán a la cárcel de inmediato. Esto se debe a que la sentencia aún no está firme y puede ser apelada. Mientras tanto, deberán cumplir con estrictas medidas cautelares, que incluyen:

• Presentación mensual ante la comisaría más cercana a su domicilio.
• Prohibición de salir del país.
• Entrega de todos sus documentos de viaje.

Los fundamentos completos del fallo se darán a conocer el próximo 4 de agosto. Este veredicto representa un precedente significativo en la provincia de San Juan, al poner en evidencia y desarticular un entramado de complicidades institucionales que operó durante años en detrimento de los fondos públicos.

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