17 Abr 07:14h
A pesar de la medida cautelar dictada por la Justicia de La Rioja que ordena la paralización de actividades por 30 días, el proyecto minero Vicuña, ubicado en San Juan, continúa operando con normalidad. Según una fuente interna, hasta el momento la empresa no recibió una notificación formal del fallo, lo que le permite mantener las tareas de preconstrucción mediante el desvío de tránsito y el uso de rutas alternativas.
La compañía integrada por BHP y Lundin Mining aseguró que la operación no se vio afectada en los hechos y que seguirá trabajando con «absoluta normalidad» mientras el equipo legal aguarda el documento oficial para definir los pasos a seguir. No obstante, confirmaron que personal de la Policía de La Rioja se presentó este jueves en el camino de Guandacol para bloquear el ingreso al yacimiento, cumpliendo con la orden de la jueza de Chilecito, María Greta Decker.
El conflicto se originó por una demanda de la Secretaría de Ambiente de La Rioja, que denuncia la falta de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el uso de 140 kilómetros de rutas riojanas que atraviesan localidades como Villa Unión y la reserva Laguna Brava. El secretario de Ambiente riojano, Santiago Azulay, ratificó que «sin estudio de impacto ambiental no hay actividad» y que la medida busca proteger la soberanía provincial ante los efectos del tránsito pesado y la dispersión de polvo.
Para evitar la paralización total, la minera optó por desviar el flujo vehicular mientras avanza en la construcción del denominado «Acceso Norte», una traza vial que estará ubicada íntegramente en territorio de San Juan. En el campamento Batidero, las actividades continúan, incluyendo la reciente incorporación de 60 operarios sanjuaninos.
El trasfondo de la disputa también incluye reclamos por empleo local e infraestructura; autoridades riojanas señalan que el proyecto utiliza sus caminos desde hace 15 años sin generar beneficios socioeconómicos suficientes para comunidades como Guandacol. Por su parte, el gobierno de La Rioja advirtió que, de no presentarse la documentación ambiental requerida, el conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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