17 Sep 08:24h
El programa «Abogacía Transformadora San Juan» desarrolló su décimo tercera emisión a través del canal de YouTube Pelado Stream, plataforma donde sale al aire cada 15 días. En esta oportunidad, bajo la conducción de Marcelo Álvarez junto a las doctoras Yamila Piozzi y Laura Núñez, la emisión abordó la presentación de listas para las elecciones de representantes del fuero federal en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Asimismo, en un segundo segmento encabezado por las doctoras Macarena Álvarez, Laura Núñez y Paola Marconi, el espacio analizó los desafíos del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en el fuero de familia.
Elecciones en el Consejo de la Magistratura
En el primer bloque, Marcelo Álvarez, Yamila Piozzi y Laura Núñez detallaron la conformación de la lista «Abogacía Unida y Dignidad Profesional», que cuenta con el impulso del movimiento Abogacía Transformadora. Esta agrupación surgió en 2022 con el objetivo de reunir a profesionales litigantes de todo el país y agrupa hoy a más de 30 referentes, presidentes y vicepresidentes colegiales.
La nómina oficial se presentó el último lunes en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en la provincia de Buenos Aires, con el fin de competir en los comicios fijados para el 20 de octubre, de 8:00 a 16:00 horas. En San Juan, la votación tendrá lugar en el Foro de Abogados para los matriculados en el fuero federal.
La lista está encabezada por Itatí Demarchi, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María (Córdoba) y fundadora nacional del espacio. La integran además Julia Toyos, abogada previsionalista de Salta al frente de un destacado estudio del sector que participó en las jornadas de Fofetra en San Juan; Andrés Abramovich, expresidente y actual vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe; el doctor Jorge Rizzo, referente de CABA por la segunda fuerza del Colegio Público; junto con representantes de Corrientes y el propio Marcelo Álvarez por San Juan.
La propuesta posee respaldo de referentes en Bariloche, Tucumán, Misiones, Córdoba (Río Cuarto) y Buenos Aires, en busca de una representación federal pura de abogados litigantes sin subordinación a partidos políticos.
Entre las demandas centrales del sector figuran la sanción de leyes de licencias profesionales —lograda ya en Santa Fe y presentada en San Juan—, la creación de cajas previsionales y la defensa de los aranceles frente a fallos judiciales que reducen los montos mínimos legales.
Álvarez citó el caso de un juez federal que decretó la inconstitucionalidad de la ley arancelaria para regular honorarios por debajo del piso legal. Asimismo, los panelistas criticaron el sistema de puntos para la selección de jueces, el cual otorga mayor valoración a cursos virtuales sin examen del Poder Judicial que a la trayectoria real en el ejercicio de la abogacía.
También señalaron las trabas administrativas de la matrícula federal, como la exigencia histórica de jurar en Mendoza para los abogados sanjuaninos. El Consejo se compone de 20 miembros bajo un esquema de frenos y contrapesos a través del sistema D’Hondt, donde la abogacía litigante constituye la voz directa de la sociedad frente a estamentos políticos, académicos y judiciales.
Acceso a la Justicia y el Fuero de Familia
Tras una pausa, el segundo bloque estuvo conducido por Macarena Álvarez, Paola Marconi y Laura Núñez, quienes debatieron el acceso a la justicia. Las profesionales examinaron los avances a partir de la aplicación de las Reglas de Brasilia y la ratificación de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Destacaron la importancia de la tutela judicial efectiva, la celeridad procesal y la incorporación de la perspectiva de género en las resoluciones judiciales.
En materia de niñez, las abogadas señalaron que la figura del «Abogado del Niño» (establecida en la Ley Nacional 26.061) constituye una deuda pendiente en San Juan por la falta de una ley provincial y la incertidumbre sobre el pago de honorarios. No obstante, resaltaron la adopción de un lenguaje coloquial en las sentencias dirigidas a menores de edad.
Como ejemplo de cercanía procesal, citaron a la jueza Marianela López, quien celebró audiencias con niños en una plaza pública. Respecto del impacto económico, advirtieron que la crisis incrementa la demanda en las defensorías oficiales, lo que genera demoras por la saturación de trabajo. Ante esto, indicaron opciones como la gestión ante Defensa del Consumidor para reclamos de tarjetas o créditos.
Sobre la atención a personas con discapacidad, el panel remarcó que persisten falencias en la accesibilidad de las sentencias, aunque destacaron el uso de lectores Braille e intérpretes de lengua de señas en defensorías y procesos de mediación. A modo de caso práctico, una de las profesionales relató una causa donde solicitó un intérprete para un representado sordo; el juzgado de familia convocó a un agente judicial de otra área que conocía el lenguaje de señas para garantizar la audiencia.
Para garantizar el patrocinio jurídico ante restricciones financieras, las expositoras detallaron diversas herramientas técnicas:
- El beneficio de litigar sin gastos: exime del pago de tasas y sellados judiciales. Resulta clave en demandas de filiación con pruebas de ADN, juicios de daños o procesos de gran cuantía.
- El cobro diferido de honorarios: opción para abogados jóvenes en reclamos alimentarios, donde las costas se ejecutan sobre el alimentante tras la sentencia.
- La utilización del Complejo Científico Forense: organismo que evita los adelantos de gastos periciales.
- La derivación a defensorías oficiales: alternativa para la atención de urgencias alimentarias.
En el cierre de la transmisión, el equipo reafirmó que la justicia no debe ser un privilegio e impulsó a los profesionales a formular todos los planteos necesarios en tribunales para transformar el ejercicio del derecho.
PELADO STREAM
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