03 Sep 13:24h
Los proveedores mineros locales de San Juan declararon el estado de alerta ante la imposibilidad absoluta de competir con las empresas chilenas bajo el actual convenio binacional, un reclamo crítico que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, registró de puño y letra tras su reciente visita a la provincia. El sector local exige condiciones equitativas y advierte que las firmas del país vecino amenazan con absorber la mayor parte de la renta minera de los proyectos locales.
Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), brindó detalles de este encuentro este jueves en una entrevista exclusiva para el programa televisivo Pelado Stream. El dirigente sectorial analizó el impacto de la llegada de la titular del Senado y expuso las preocupantes asimetrías de costos que neutralizan el desarrollo de las pymes locales en la cordillera.
La diferencia impositiva y de costos operativos con Chile hace inviable la participación local. Godoy detalló que un camión de ruta cuesta cerca de 300.000 dólares en Argentina, mientras que en Chile su valor ronda entre los 120.000 y 150.000 dólares. A esta brecha se suma una carga tributaria del 40% sobre los servicios en el territorio nacional, lo cual encarece los presupuestos de manera drástica. Un ejemplo de esto es el servicio de camiones aguateros, que en San Juan cotiza entre 28.000 y 30.000 dólares, frente a los 17.000 o 19.000 dólares que cobran los proveedores chilenos. Incluso insumos básicos como la ropa de trabajo quedan fuera de competencia por los valores locales.
La asimetría de costos no solo afecta a San Juan, sino también a provincias como Salta, Catamarca y Jujuy, cuyos referentes coordinan reclamos comunes. «Hoy la posibilidad de competir es nula. Creo que no vamos a poder entrar ni a participar del juego», advirtió Godoy, quien además alertó sobre el impacto socioeconómico en los departamentos locales. Según el titular de CAPRIMSA, las prestadoras chilenas que operan en la frontera consumen todos sus insumos en Chile y transportan la carga por pasos fronterizos como el de Jama, sin dejar beneficios económicos en localidades sanjuaninas como Jáchal o Iglesia.
La legislación provincial de desarrollo de proveedores locales, que cuenta con el apoyo de la cámara, resulta insuficiente ante este escenario. Diversos estudios jurídicos confirmaron que el Convenio Binacional con Chile posee un rango jerárquico superior a las leyes provinciales y al Código Civil, lo que desprotege a las empresas locales. Esto se evidencia en el proyecto Filo del Sol (perteneciente al grupo Vicuña), donde los contratos de servicios priorizan a las firmas chilenas debido al marco normativo vigente. Esta preferencia ocurre a pesar de que las pymes sanjuaninas superaron a sus competidoras transandinas en las evaluaciones de calidad de servicio.
Para revertir esta desigualdad, los proveedores descartan el pedido de subsidios o protecciones estatales. Godoy aclaró que el sector no busca «cazar en el zoológico». En su lugar, exigen un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) adaptado a las pymes que garantice reglas claras de competencia.
Frente a esta propuesta, las autoridades del Gobierno nacional respondieron con cautela bajo el argumento de que una reducción impositiva sectorial podría afectar la recaudación fiscal del Estado. Debido a esta misma agenda, la Secretaría de Minería de la Nación invitó a CAPRIMSA a participar en un conversatorio en el consulado argentino en Santiago de Chile la semana pasada, al cual Godoy no asistió por compromisos laborales previos en Neuquén. No obstante, el dirigente participará en octubre de un encuentro con proveedores del país transandino.
A pesar de que referentes del sector como Michael Meding, de Los Azules, sugieren que la superposición de proyectos de cobre generará una demanda tan masiva que superará la capacidad de respuesta instalada y aliviará las tensiones, los proveedores locales mantienen serias reservas. Al respecto, Godoy argumentó que el poder de fuego de las empresas transandinas es abrumador, ya que Chile cuenta con una base de entre 7.000 y 8.000 proveedores registrados frente a los poco más de 100 activos en San Juan.
La alarma del sector creció tras las declaraciones de autoridades del país vecino. El viceministro de Minería de Chile afirmó de forma pública que las empresas de su país impulsarán la minería de San Juan con un aporte del 60% al 70% de los servicios, a través de infraestructura como plantas desalinizadoras de agua.
Ante este escenario, CAPRIMSA propuso un acuerdo que regule la participación: una proporción de contratos de 60% o 70% para Argentina frente a un 30% para Chile, y una distribución de 80/20 en la certificación de cobre. Asimismo, el dirigente admitió la opción de aceptar un reparto de 60/40 si los proyectos requieren el suministro de agua desde el territorio chileno.
Para ilustrar el riesgo, Godoy apeló a una metáfora sobre el inminente ‘boom’ minero: «La ola se forma y si cae, nos pasa por encima como la catástrofe de Nepal. ¿Dónde quedamos nosotros?». El panorama actual reaviva temores del pasado. El dirigente minero recordó la experiencia de Veladero y el caso de Neuquén en el sector de hidrocarburos, donde el 60% de las empresas locales quedó fuera del auge de Vaca Muerta por falta de previsión institucional.
Por este motivo, CAPRIMSA instó al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, a ejercer un liderazgo político fuerte para defender el compre local ante las corporaciones multinacionales, bajo la premisa de que las firmas mineras respetan la autoridad política de los mandatarios provinciales.
La relación entre Godoy y la vicepresidenta se consolidó de manera previa a través de contactos institucionales y de protocolo gestionados por Marcelo, mano derecha de la funcionaria. Ambos compartieron encuentros anteriores cuando el dirigente expuso en el Congreso de la Nación sobre la ley de glaciares y en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Puerto Madero.
La visita reciente a San Juan se caracterizó por un estricto hermetismo para evitar lecturas partidarias en medio de la compleja relación que mantiene con el presidente Javier Milei. De hecho, para evitar que el traslado hacia empresas asociadas en Pocito y Albardón se interpretara como una caravana política o un lanzamiento de campaña electoral de cara al año 2027, la comitiva limitó el uso de vehículos adicionales.
La logística del itinerario se coordinó sin la participación de La Libertad Avanza, pero sí se informó previamente a José Peluc y a Bruno Olivera. Aunque inicialmente no estuvo prevista la recepción formal de la provincia, el gobernador Marcelo Orrego finalmente recibió a Villarruel en la Casa de Gobierno.
Finalmente, ante las consultas sobre un posible salto de la dirigencia empresarial a la política partidaria, Godoy no descartó la opción, aunque aclaró que no recibió propuestas formales del oficialismo provincial, a pesar de la difusión de encuestas privadas que lo mencionan.
El dirigente defendió la necesidad de incorporar un perfil minero en el parlamento: «Como dirigentes defendemos esto porque vivimos de esto y rascamos la olla de esto», concluyó. Asimismo, durante la visita, planteó a Villarruel que sus demandas no son irreales y comparó la situación con Chile, donde la estatal Codelco paga un beneficio a los pirquineros de Andacollo sin que nadie tilde dicha política de socialista.
PELADO STREAM
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