23 Oct 07:49h
El Tribunal Oral Federal N° 5 dará inicio este viernes 23 de octubre al juicio oral unificado por presunto lavado de dinero contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y otros 30 imputados. Mientras las querellas y sectores críticos respaldan la acusación por el uso de firmas comerciales como pantallas para el reciclaje de fondos públicos, la defensa y sectores afines al kirchnerismo cuestionan la celeridad del proceso y denuncian presiones judiciales en el marco del fenómeno denominado lawfare.
La decisión de juzgar ambos expedientes en un mismo debate surgió tras un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la división previa dictada por el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5). Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña sostuvieron que la separación de las causas dificultaba el análisis integral de la prueba y podía derivar en sentencias contradictorias. En contraste, el juez Alejandro Slokar emitió un voto en disidencia en el cual cuestionó la intromisión de Casación sobre las facultades propias del tribunal oral y advirtió sobre una posible afectación a la independencia judicial.
El debate estará a cargo de los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, con la acusación a cargo de los fiscales Diego Velasco y Juan Agustín Argibay Molina, además de la Unidad de Información Financiera (UIF) en rol de querellante. El TOF 5 autorizó la conexión remota de Cristina Fernández de Kirchner —quien cumple prisión domiciliaria— y de Máximo Kirchner únicamente para la audiencia inaugural, mientras que los abogados defensores deberán acudir de forma presencial a la sala de Comodoro Py.
La acusación
Desde la perspectiva acusadora, reflejada con amplitud por medios de línea crítica como Clarín e Infobae, las empresas Hotesur S.A. e inmobiliaria Los Sauces S.A. no tenían una finalidad comercial genuina, sino que funcionaron como «pantallas para lavar dinero» proveniente de la obra pública vial. Según los requerimientos fiscales, la expresidenta enfrenta cargos como jefa de una asociación ilícita, coautora de lavado de activos y receptora de dádivas.
Las actuaciones judiciales señalan que los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López concentraron la mayor parte de la facturación de estas compañías mediante contratos de alquiler de plazas hoteleras e inmuebles. De acuerdo con las cifras de la causa citadas por Clarín, Los Sauces S.A. facturó más de 25,9 millones de pesos entre 2009 y 2016 —con un 88 % proveniente de firmas de Báez y del Grupo Indalo—, lo que generó un incremento patrimonial superior al 12.000 %.
En el expediente Hotesur, la fiscalía contabilizó transferencias de las empresas de Báez hacia la gerenciadora Valle Mitre por más de 86 millones de pesos mediante alquileres ficticios.
El lawfare
En contraposición, la cobertura del diario Página/12 puso de manifiesto las objeciones de la defensa y los cuestionamientos sobre el sesgo del procedimiento judicial. El abogado defensor Carlos Beraldi advirtió que la unificación de los expedientes a pocos días del comienzo de las audiencias vulnera las garantías de los acusados y provoca alteraciones en la preparación de la defensa.
Asimismo, las visiones afines al kirchnerismo consideran que la decisión de forzar un único juicio responde a un uso político del aparato judicial (lawfare) para amplificar el impacto mediático contra los dirigentes opositores. Esta postura halla sustento en la disidencia del juez Slokar, quien remarcó que las decisiones de ordenamiento corresponden de forma exclusiva al tribunal de juicio y que las intervenciones excepcionales de la alzada siembran dudas sobre la autonomía de los magistrados.
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