22 Oct 17:30h

El ex diputado nacional José Luis Espert fue procesado por la Justicia Federal de San Isidro en el marco de la investigación por presunto lavado de activos, a raíz de la recepción de 200.000 dólares desde una firma vinculada al empresario Federico «Fred» Machado. El juez federal Lino Mirabelli impuso al ex legislador un embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes y la prohibición de abandonar el país. La medida judicial respondió a la acusación formulada por el fiscal federal Fernando Domínguez.

Según precisaron fuentes judiciales citadas por Clarín y por El Destape, las disposiciones del titular del Juzgado Federal de San Isidro alcanzaron también a Mariano Alejandro Cosentino, contador del ex legislador, procesado en calidad de partícipe necesario con un embargo de 700 millones de pesos.

A su vez, la resolución afectó a la sociedad familiar Varianza S.A., presidida por el propio economista, sobre la cual pesará una traba de bienes por 500 millones de pesos. Frente a este escenario, la defensa técnica del imputado confirmó la apelación del fallo ante la Cámara Federal de San Martín.

Conforme a la información difundida por Página/12, el expediente se concentra en el giro de 200.000 dólares realizado en 2020 a través de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc. bajo la fachada de un contrato de asesoría técnica para Minas del Pueblo, una minera radicada en Guatemala.

El fiscal Domínguez determinó que dicha contratación constituyó una simulación para justificar la inyección de fondos ilícitos. Un informe oficial del organismo recaudador guatemalteco reveló que la firma comercial presentaba escasa actividad real en los ejercicios previos a la operación. En los fundamentos de la medida, el juez Mirabelli aseveró que el ex diputado conocía la procedencia espuria de las finanzas de su contratante.

De acuerdo con lo consignado por Página/12 y Clarín, la sede judicial dio por acreditada la aplicación de la suma en la adquisición de bienes, entre los que figura un automóvil marca BMW, en la búsqueda de otorgar apariencia de licitud al dinero. Previo a la resolución de la causa, el tribunal rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa del dirigente contra la labor de la fiscalía.

La causa penal tuvo origen a mediados del año pasado tras una denuncia formal del dirigente social Juan Grabois. La pesquisa incluyó allanamientos en el domicilio particular del economista y en sus oficinas del Congreso de la Nación. Durante la campaña presidencial de 2019, Machado facilitó al candidato un avión privado para la concreción de más de 30 vuelos dentro del país, así como la cesión de un vehículo blindado.

Frente al escándalo público, el ex titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados solicitó licencia a su banca y renunció a su postulación electiva. Machado se encuentra bajo prisión en los Estados Unidos, hacia donde fue extraditado desde Argentina, luego de ser hallado culpable de conspiración para el lavado de dinero y fraude electrónico.

En su descargo público, emitido en la red social X, el imputado rechazó las imputaciones y afirmó la validez del contrato comercial. Sostuvo que el documento se suscribió ante escribano público en 2019, contó con la correspondiente apostilla del Estado argentino y el pago se formalizó mediante una transferencia de banco a banco.

En esa línea, alegó que desconocía los expedientes judiciales seguidos contra Machado, en virtud de que las pesquisas estatales comenzaron con posterioridad a la firma del convenio. Asimismo, justificó la variación de su patrimonio en los índices de inflación y el revalúo de las valuaciones fiscales de sus bienes.

El presidente Javier Milei hizo público su respaldo al dirigente tras la difusión del texto defensivo. El jefe de Estado calificó al economista como un «soldado de hierro», atribuyó la causa a una operación de prensa y manifestó su deseo de que el ex diputado logre limpiar su honor en el ámbito judicial.

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