22 Oct 13:44h
Una delegación de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por su presidente Hernán Martel y el vicedecano segundo Jorge Rafael Bracamonte, entre otros, arribó a la provincia de San Juan con el objetivo de firmar un convenio de colaboración institucional e implementar el sistema de oralidad en la segunda instancia del fuero civil.
La iniciativa fue expuesta por el propio Bracamonte en Pelado Stream, donde fundamentó la necesidad de erradicar la mora judicial, extender los procesos orales a las cámaras de apelaciones y resguardar la independencia de los magistrados frente a los intentos de injerencia política y escraches mediáticos.
El contingente catamarqueño estuvo compuesto por cuatro miembros de la Corte provincial: el presidente Hernán Martel, la doctora Fernanda Rosales, la doctora Verónica Saldaño y el doctor Jorge Bracamonte, acompañados por los jueces de Cámara Civil de dicha jurisdicción. Durante la jornada, las autoridades formalizaron un acuerdo de cooperación con el titular de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares. La meta central de este pacto radica en importar el esquema de expresión de agravios oral en las cámaras de apelaciones, mecanismo que agiliza los plazos procesales en territorio sanjuanino.
Esta visita institucional representó el segundo acercamiento de Catamarca a la experiencia sanjuanina. Un año atrás, los jueces civiles catamarqueños viajaron para presenciar la labor de las Oficinas de Gestión Judicial (OGJ) y el fuero de oralidad. En aquel momento, la judicatura local exhibía reticencias y divisiones respecto del nuevo modelo; sin embargo, tras la observación directa, la aceptación resultó unánime.
Fruto de esta transformación, el próximo 3 de noviembre entrará en vigor el nuevo Código Procesal Civil de Catamarca —que sustituye a una legislación con 40 años de antigüedad— junto con la Oficina de Coordinación Estratégica (OCE). Asimismo, para el mes de marzo se prevé la puesta en marcha del Código Procesal de Familia y la extensión de las oficinas de gestión a los Fueros de Familia y Laboral.
Al analizar los beneficios del juicio oral, Bracamonte vinculó la demora procesal con la pérdida de efectividad de la justicia: «Una deuda pendiente no tan solo en la provincia de Catamarca, sino de la justicia en general, es la mora judicial, es la llegada tarde de la solución judicial a los problemas que tiene la gente».
El magistrado contrapuso la inmediatez de la audiencia presencial con el riesgo de acumulación de escritos voluminosos elaborados mediante nuevas tecnologías: «El juez tenía dos posibilidades: o bien en el sistema anterior, la letra muerta (…) de los escritos judiciales. Y no había inteligencia artificial. Imagínese lo que sería ahora (…) los escritos de 100 hojas, 200 hojas. Lo que hoy el juez, a través de audiencias que se realizan con la presencia del juez bajo pena de nulidad, debe escuchar a los testigos, debe escuchar a las partes, debe escuchar a los peritos. Es una inmediatez que a mi modo de ver es invalorable».
Asimetría presupuestaria
El magistrado expuso las diferencias presupuestarias existentes entre las provincias y destacó el rol del espacio de la Junta Federal de Cortes (JUFEJU) para la asistencia mutua. Mientras la justicia de San Juan cuenta con una partida fijada por norma constitucional, Catamarca debe operar bajo esquemas financieros acotados. En ese sentido, la provincia requirió el auxilio de otras jurisdicciones para encarar el proceso de modernización tecnológica.
Bracamonte detalló que Catamarca destinaba aproximadamente 800 millones de pesos anuales al mantenimiento del expediente digital; no obstante, el Poder Judicial de Tucumán cedió de forma gratuita el sistema SAE, una plataforma de alta eficiencia y calidad que optimizó la gestión de las causas.
Escraches y juicio político
En otro tramo de la entrevista, el vocal de la Corte abordó los cuestionamientos públicos hacia las sentencias judiciales y aludió al debate generado alrededor del nuevo régimen penal juvenil. «Se ha puesto hoy en agenda la circunstancia con este nuevo régimen penal juvenil, por ejemplo, jueces que han tomado una decisión que inmediatamente se los quiere someter a un juicio político. Los jueces tienen que dictar sentencia, tienen que emitir su fallo».
El ministro advirtió que esta temática suscita posturas divididas sobre la inimputabilidad e hizo hincapié en la necesidad de resguardar el libre arbitrio de la magistratura: «La administración de justicia debe quedar siempre en la conciencia del magistrado que pueda hacerlo libremente. Cuando ya el magistrado no pueda hacerlo libremente, no va a hacer justicia».
Frente a las críticas o al rechazo que produce una resolución, Bracamonte instó a utilizar las vías recursivas legales y desautorizó las campañas de amedrentamiento: «No tenemos por qué pensar que una decisión judicial de un magistrado porque no nos guste debe generar el escratche al magistrado, debe generar el pedido de juicio político, la amenaza, porque si no se pierde esa libertad para emitir un fallo».
Finalmente, Bracamonte evaluó la relación entre los tribunales y los sectores de poder: «Yo creo que la política cuando ingresa al Poder Judicial y cuando los jueces de alguna manera son influenciados por esos hechos, se desnaturaliza la justicia, se desestabiliza».
Pese a descartar que este fenómeno condicione los fallos en Catamarca, el juez señaló la existencia de grupos que intentan politizar o desprestigiar la función judicial. Para concluir, ratificó el objetivo de consolidar una justicia oportuna y confiable: «A la gente le hace falta que los fallos sean independientes, certeros, ajustados a derecho, que los fallos de la justicia lleguen a tiempo».
PELADO STREAM
Sin comentarios