23 Oct 08:05h
El gobierno de Estados Unidos confirmó de manera pública su preocupación ante el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional promovido por la gestión de Javier Milei, debido al potencial impacto de las sanciones sobre empresas norteamericanas con actividad en las Islas Malvinas. La postura de Washington la oficializó el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en el Palacio San Martín junto al canciller argentino, Pablo Quirno.
En la conferencia de prensa, Landau encuadró el reclamo en la tutela habitual de las firmas de su país. “Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó el funcionario de la administración de Donald Trump.
La manifestación pública ratificó los planteos que la Casa Blanca transmitió de forma previa en torno al proyecto 0010-PE-2026, el cual contempla penas para compañías, filiales, accionistas e intermediarios financieros que ejecuten tareas hidrocarburíferas sin autorización del Estado argentino.
Frente a las objeciones norteamericanas, el Poder Ejecutivo restó gravedad al asunto y respaldó la necesidad de la norma. El canciller Quirno sostuvo que la legislación actual no otorga las herramientas precisas para tutelar los derechos soberanos en el archipiélago y remarcó la neutralidad del texto. “No va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”, enfatizó el ministro.
Además, el ministro de Relaciones Exteriores planteó una elección de negocios a los inversores internacionales: “Nosotros creemos y esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas”. En la misma línea, un alto dirigente del oficialismo afirmó de manera reservada: “La ley de soberanía protege recursos argentinos en Malvinas. Las empresas que quieran operar en la Argentina tienen que cumplir la ley argentina, y fin”.
El reconocimiento de Landau generó un fuerte impacto político, ya que días atrás integrantes del oficialismo desmintieron las advertencias de Washington. Tras las primeras publicaciones periodísticas, el asesor presidencial Santiago Caputo calificó la información en redes sociales como “incorrecta” e “inchequeable”, al tiempo que acusó a los medios de trabajar “para el enemigo”. A su vez, Quirno tildó la versión de “Falso. Operadores operados”. Sin embargo, la exposición de Landau en Buenos Aires confirmó las diferencias diplomáticas en torno a la iniciativa.
La iniciativa sobre soberanía, que reemplaza la normativa vigente desde 2011, permanece frenada en la Cámara de Diputados sin dictamen de comisión. El debate se postergó por la falta de acuerdos con los bloques aliados y los reparos de la oposición hacia artículos específicos. Entre los puntos de mayor discusión figura el artículo 111, el cual impone penas de hasta 12 años de prisión a quienes promuevan campañas de desinformación con financiamiento externo, un apartado criticado por su riesgo contra el libre ejercicio del periodismo. También surgen discrepancias sobre la conformación del futuro Consejo de Seguridad Nacional.
Junto a la controversia legislativa, la visita de Landau abarcó la discusión sobre el Comité de Descolonización de la ONU, órgano que Estados Unidos propuso disolver en el marco de una reforma general de las Naciones Unidas. Aunque la Argentina analiza su estrategia diplomática ante ese foro, Quirno calificó el reclamo por las Malvinas como “innegociable” y aseguró que la postura nacional se mantiene firme ante la comunidad internacional.
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