12 Jun 07:57h
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, intimó de manera formal y fehaciente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que se presente este mes de junio ante el Senado a brindar su informe de gestión.
Esta medida busca forzar la comparecencia del funcionario tras el escándalo generado por su reciente declaración jurada, en la que admitió poseer ahorros «en negro» por un monto aproximado de 500.000 dólares provenientes de inversiones en criptomonedas.
El foco del conflicto reside en el llamado «pendrive millonario», un soporte digital donde el vocero habría resguardado Bitcoins que no fueron declarados inicialmente ante el fisco y cuya procedencia y manejo generan fuertes dudas en el Congreso.
Villarruel rechazó la intención de Adorni de postergar su visita a la Cámara Alta hasta el mes de julio y le recordó, mediante una nota escrita de su puño y letra, que el artículo 101 de la Constitución Nacional lo obliga a rendir cuentas mensualmente ante el Congreso.
La presión sobre el jefe de Gabinete no solo proviene de la vicepresidenta, sino también del bloque del PRO, que calificó la omisión de estos activos como una «falta grave» e injustificable, señalando que un funcionario no puede ocultar bienes y luego admitirlo públicamente sin consecuencias.
La polémica se intensificó debido a que Adorni había asegurado previamente ante la Cámara de Diputados, el pasado 29 de abril, que «nunca existió ocultación alguna» sobre su patrimonio. Sin embargo, en una entrevista televisiva posterior, el funcionario confesó la existencia de esos ahorros no declarados, lo que el sector liderado por Patricia Bullrich calificó como una «omisión ética».
Según trascendió, el escándalo radica en que Adorni habría pasado de invertir unos 200.000 dólares en Bitcoins a poseer más de 500.000, fortuna que comenzó a utilizar para gastos suntuosos, como viajes al exterior, la compra de una casa en un barrio privado y dos departamentos, justo al momento de ingresar a la función pública.
En paralelo, la Cámara de Diputados ha convocado a una sesión especial para el 23 de junio con el fin de tratar pedidos de interpelación y una posible moción de censura contra el funcionario.
Esta ofensiva cuenta con el apoyo de diversos sectores, incluyendo el kirchnerismo, la Coalición Cívica y el peronismo cordobés, quienes exigen que la Justicia y el Congreso esclarezcan las inconsistencias entre lo que Adorni declaró en sus informes oficiales y lo que finalmente admitió poseer en su patrimonio digital.
Este conflicto institucional se desarrolla en un contexto de fractura política profunda dentro del Poder Ejecutivo. Mientras el presidente Javier Milei respalda públicamente a Adorni, ha llegado a calificar a Villarruel de «bruta traidora» en actos partidarios.
Por su parte, el propio Adorni ha manifestado que la vicepresidenta «no es parte del proyecto» ni de la gestión diaria del Gobierno, lo que deja a la titular del Senado en una posición de confrontación directa con la Casa Rosada.
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