12 Jun 08:25h
El diputado nacional y jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, solicitó formalmente que el Congreso de la Nación intervenga para declarar «nulo y viciado» el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
En el marco del primer aniversario de la resolución del máximo tribunal, Pichetto argumentó que el proceso judicial presenta «nulidades insalvables» y que la detención domiciliaria de una figura que ejerció la primera magistratura pone a la democracia en una situación de «extrema fragilidad».
Esta postura representa un giro significativo en la trayectoria reciente del legislador, quien fue el compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019 y estuvo fuertemente enfrentado con la expresidenta durante más de una década tras abandonar el bloque del Frente para la Victoria.
No obstante, tras un reencuentro de una hora y media en el domicilio de Kirchner en febrero de 2026, Pichetto comenzó a promover la unidad del peronismo y a cuestionar la legalidad de la sentencia, calificándola como un «tema político».
Al exponer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Pichetto enumeró diversas irregularidades procesales, tales como la ausencia de un «juez natural» desde el inicio de la causa, la participación de un fiscal cuya jurisdicción original era Rosario y la incorporación extemporánea de pruebas.
Asimismo, acusó de falta de imparcialidad a los jueces de la Corte Suprema —Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti—, señalando que debieron apartarse del caso por haber sido objeto de un juicio político promovido por el partido de la acusada.
Para justificar la facultad del Congreso de revisar un fallo judicial, el diputado invocó precedentes como la actuación del Parlamento brasileño respecto a la condena de Jair Bolsonaro y la ley sancionada en Argentina para anular los efectos del beneficio del «2×1» a represores.
Pichetto sostuvo que el Poder Legislativo posee «atribuciones implícitas» para actuar ante escenarios de gravedad institucional, comparando estas facultades con la potestad de tomar juramento a presidentes o validar resultados electorales.
La iniciativa de Pichetto, que coincide con el reclamo de «Cristina Libre» de diversos sectores militantes, busca abrir un debate profundo sobre los límites de la división de poderes en casos de persecución judicial.
Mientras que el bloque de Unión por la Patria respaldó sus planteos, el movimiento ha generado controversia en el arco político, siendo interpretado por algunos sectores como parte de una estrategia para consolidar un frente de unidad nacional de cara a las elecciones de 2027.
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