22 Oct 08:21h

La Cámara de Diputados dio media sanción a la nueva Ley de Discapacidad tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición que garantizó 237 votos a favor. La aprobación de la iniciativa ocurrió dentro de una maratónica sesión legislativa en la cual también avanzó la norma de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y en la que, por el contrario, los proyectos dirigidos a regular la morosidad de los deudores volvieron a comisión por la ausencia de consensos.

El texto sancionado en la Cámara Baja obtuvo una mayoría de dos tercios, con nueve votos en contra y cuatro abstenciones de la izquierda. La propuesta ratifica la vigencia de la Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso y el arancel unificado con ajuste periódico según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, la ley preserva la compatibilidad entre el cobro del beneficio y el empleo registrado para ingresos que no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Para consolidar el entendimiento en el recinto, el Poder Ejecutivo retiró las propuestas de recorte contempladas de forma previa en el proyecto de Presupuesto 2027 e incorporó partidas específicas en el Ministerio de Salud por un estimado de 598.912 millones de pesos. El marco normativo contempla también la cobertura médica obligatoria a través del Programa Incluir Salud y fija un plazo máximo de 90 días para la cancelación total de las deudas vigentes con los prestadores del sector.

En el tramo de las intervenciones, el diputado de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, expuso el pliego de modificaciones solicitado por los bloques aliados. El legislador libertario Gerardo Huesen confirmó la aceptación total de los cambios consensuados. Por el bloque de Unión por la Patria, el diputado Juan Marino justificó el respaldo con el argumento de que la redacción final receptó las demandas del colectivo para impedir retrocesos. A su turno, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado afirmó que la sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal.

En relación con la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Cámara de Diputados devolvió la iniciativa al Senado tras aprobar modificaciones estructurales en una votación ajustada que registró 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones. Las abstenciones de cinco diputados cordobeses de Provincias Unidas y del diputado Álvaro González resultaron determinantes para evitar el rechazo del expediente.

El cambio central consistió en la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 y la restitución plena de la Ley de Tierras (26.737), norma que limita al 15% la titularidad de campos rurales en manos de extranjeros. El capítulo sobre tierras concitó el respaldo de 239 legisladores. La iniciativa incorpora también modificaciones en los regímenes de expropiación, el procedimiento de desalojo y el Registro de la Propiedad Inmueble.

En el debate sobre este punto, el oficialista Santiago Santurio afirmó que la norma busca frenar el abuso del Estado y dar celeridad a la restitución de inmuebles ante situaciones de usurpación. En contraste, el diputado Diego Giuliano (Unión por la Patria) subrayó que el Gobierno dio «una vuelta de campana» al ratificar la legislación sobre tierras rurales impulsada en su momento por el peronismo. Por su parte, el legislador Martín Lousteau objetó la iniciativa al señalar que el derecho a la propiedad ya cuenta con protección constitucional desde 1853.

En el tramo dedicado a la morosidad crediticia, el plenario evidenció una falta total de consensos tras dos horas y media de deliberación. Ninguna de las alternativas logró los votos necesarios para su aprobación: ni la propuesta del oficialismo centrada en la transparencia y la educación financiera, ni los dictámenes opositores orientados a declarar la emergencia e instrumentar esquemas de refinanciación de deudas.

Frente al bloqueo legislativo, la diputada Silvana Giudici (La Libertad Avanza) presentó una moción para devolver el expediente a las comisiones de trabajo. La votación concluyó con 121 votos afirmativos, 117 en contra y cinco abstenciones de los diputados cordobeses de Provincias Unidas, resultado que permitió al oficialismo enviar la discusión nuevamente a comisión. Tras la definición, los legisladores Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano calificaron la medida como una maniobra destinada a congelar de forma indefinida el tratamiento del sobreendeudamiento familiar.

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