28 Oct 08:05h
El oficialismo nacional logró el dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional tras aceptar modificaciones sustanciales que acotaron el régimen de sanciones a empresas extranjeras en las Islas Malvinas. La decisión gubernamental respondió a las advertencias de la administración de Estados Unidos sobre el impacto de las penalidades en inversiones norteamericanas en el Atlántico Sur.
El texto original impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo agravaba los castigos por la explotación no autorizada de recursos renovables y no renovables en la zona disputada. La nueva redacción limita la responsabilidad penal y económica de manera exclusiva a las operadoras directas, licenciatarias, proveedoras directas y accionistas directos de los proyectos.
Quedan eximidas las filiales, subsidiarias, los fondos de inversión indirectos y los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2%. Respecto a las multas, el proyecto fijó montos equivalentes a entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido. Si no resulta posible determinar la suma, la penalidad oscilará entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, valor que duplica la propuesta inicial.
Las prevenciones de Washington fueron transmitidas de forma directa al presidente Javier Milei y al canciller Pablo Quirno, por parte del subsecretario del Departamento de Estado de EEUU, Christopher Landau, durante su reciente visita a la Argentina.
La preocupación de la gestión de Donald Trump se centró en los riesgos para firmas estadounidenses asociadas al proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas, desarrollado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas. Frente a este escenario, Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, acordaron las correcciones con los diputados Silvina Giudici y Adrián Pagán para destrabar el debate en comisiones.
El consenso legislativo se formalizó en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID y sectores provinciales. La intención del bloque oficialista apunta a llevar el dictamen al recinto de la Cámara de Diputados el jueves 12 de noviembre. No obstante, el cronograma parlamentario afronta eventuales ajustes por la semana corta fijada ante la visita del Papa León XIV al país.
Junto al capítulo de sanciones, la iniciativa dispone la creación del Consejo de Seguridad Nacional para coordinar de modo unificado las políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior. Su composición permanente reúne al Presidente, al jefe de Gabinete, a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, al titular de la SIDE y a la secretaria Legal y Técnica.
A partir de las exigencias opositoras, el Gobierno incorporó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, entre los miembros permanentes. Diversos sectores del Congreso vincularon la omisión inicial de este organismo a disputas internas con la ex ministra Patricia Bullrich. Como integrantes no permanentes figurarán los titulares de Diputados y el Senado provisional, gobernadores y el Ministerio de Seguridad Interior. Este Consejo poseerá atribuciones para auditar, autorizar o vetar inversiones extranjeras en áreas estratégicas como energía, minería, telecomunicaciones, espacio e hidrocarburos.
Para evitar una concentración de facultades en el Poder Ejecutivo, el plenario aprobó la conformación de una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control. La propuesta, presentada por el diputado Eduardo Falcone (MID), establece un cuerpo de cuatro diputados y cuatro senadores con representación proporcional. La norma obliga al Ejecutivo a rendir informes sobre las medidas tomadas en un plazo máximo de 48 horas.
A la vez, el texto exige la autorización previa del Congreso para acciones militares drásticas, entre las que se cuentan el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques hostiles. Por otra parte, la ley delimita las atribuciones entre la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, además de ajustar el concepto de infraestructuras críticas ante posibles interrupciones en servicios esenciales.
Otro aspecto central del dictamen se encuentra en la reforma del artículo 111, el cual impone penas de prisión de cinco a quince años a quienes ejecuten campañas masivas de desinformación bajo financiamiento u órdenes de un Estado extranjero. Tras las advertencias formuladas por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sobre la ambigüedad del texto, las comisiones introdujeron salvaguardas explícitas. La norma excluye de toda sanción a la labor periodística, la investigación académica, la actividad diplomática, el debate público y la representación transparente de intereses.
A pesar de la obtención del dictamen mayoritario, el debate parlamentario mantiene focos de tensión de cara a la votación en el recinto. Diversos legisladores aliados firmaron el despacho con disidencias en los artículos 127, 128 y 129, los cuales abordan la influencia de organizaciones no gubernamentales en políticas públicas. Representantes de la bancada oficialista reconocieron que será necesario aplicar nuevas modificaciones al articulado para asegurar la aprobación definitiva y evitar que el proyecto fracase en el recinto.
(Con información de Clarín e Infobae)
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