03 Ago 08:05h
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevan adelante este lunes 3 de agosto un paro nacional de 24 horas con movilizaciones en todo el país. La medida de fuerza exige una recomposición salarial urgente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el cese de las políticas de ajuste en el sector público.
En la provincia de San Juan, los gremios UDAP, UDA y AMET confirmaron su adhesión total a la huelga en coincidencia con el plan de lucha federal. Esta decisión de los sindicatos locales se produce tras la reciente aceptación de una oferta salarial del gobierno sanjuanino, lo que generó debates sobre la «obediencia debida» de las filiales provinciales a sus estructuras nacionales. A pesar del acuerdo local, los docentes sanjuaninos reclaman fondos para infraestructura, comedores y conectividad que dependen de la administración central.
A nivel nacional, el conflicto se agudiza por la negativa del Poder Ejecutivo a convocar a la Paritaria Nacional Docente. Por su parte, la conducción de ATE fundamenta la protesta en una caída del 45% del poder adquisitivo de los trabajadores estatales nacionales y un incremento de los servicios públicos superior al 900% bajo la actual gestión. El gremio estatal también denuncia el desmantelamiento de organismos públicos y la ola de despidos en la administración central.
Ante la huelga, el Ministerio de Capital Humano recordó la vigencia de la Ley N.º 27.802, que declara a la educación como servicio esencial. Bajo esta normativa, las entidades sindicales tienen la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación del servicio educativo. El Gobierno nacional anunció inspecciones muestrales aleatorias en escuelas de todo el país y advirtió sobre la aplicación de sanciones si se detectan incumplimientos.
Respecto a otros servicios, el transporte público de colectivos, trenes y subtes funciona con normalidad debido a que sus respectivos gremios no se sumaron a la medida de fuerza. En el ámbito de la salud, los hospitales públicos aseguran guardias mínimas para la atención de urgencias durante toda la jornada de protesta.
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