17 Mar 09:47h
Las organizaciones sindicales UDAP, UDA y AMET interpusieron un recurso jerárquico ante la Subsecretaría de Trabajo de San Juan para anular las resoluciones que las obligaron a garantizar un 75% de prestación del servicio educativo durante las medidas de fuerza. El documento calificó las disposiciones oficiales como ilegítimas, arbitrarias y contrarias al orden constitucional. Los gremios solicitaron la suspensión inmediata de los efectos de la normativa y plantearon la inconstitucionalidad del régimen aplicado por la autoridad administrativa.
La impugnación se basó en la falta de un procedimiento legal previo para fijar servicios mínimos en conflictos colectivos. Los representantes sindicales denunciaron que la autoridad provincial no convocó a una audiencia de negociación ni habilitó instancias de acuerdo antes de imponer unilateralmente las condiciones de prestación. El escrito sostuvo que la educación no constituye un servicio esencial según los estándares internacionales de la OIT, ya que su interrupción no pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.
El recurso cuestionó la competencia del Subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, al atribuirse facultades que corresponden al ámbito laboral nacional y a la Comisión de Garantías. Los abogados patrocinantes señalaron que la resolución administrativa creó obligaciones inexistentes en la ley, como la exigencia de presentar un plan operativo detallado para el cumplimiento del presentismo. El planteo destacó que estas medidas afectaron directamente el derecho constitucional de huelga y la libertad sindical.
La presentación incluyó un pedido de acumulación de los expedientes administrativos 208-000883-2026, 208-000871-2026 y 208-000907-2026 debido a su identidad sustancial. Los gremios advirtieron sobre una posible configuración de ilegalidad administrativa por el dictado de resoluciones contrarias a la ley. El documento finalizó con la reserva de acudir a la justicia provincial y federal en caso de que el recurso sea rechazado por el Ejecutivo provincial.
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