29 Abr 07:43h
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en representación del sistema universitario público, respondió formalmente a la intimación del Ministerio de Capital Humano exigiendo que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Las autoridades del CIN afirmaron que la actual crisis y las afectaciones a la normalidad académica no son responsabilidad de las instituciones, sino consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones legales y presupuestarias por parte del Estado nacional.
En la nota firmada por Franco Bartolacci y Anselmo Torres, presidente y vicepresidente del CIN, se aclaró que las universidades permanecen abiertas y funcionando según sus posibilidades, pero denunciaron un contexto de «extrema precariedad» producto del desfinanciamiento. Los rectores señalaron que desconocer una ley aprobada por mayorías contundentes en el Congreso implica una alteración del principio republicano de división de poderes y somete a las casas de estudio a una severa restricción salarial y operativa.
Esta respuesta surge tras la decisión de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de intimar a los rectores en un plazo de 48 horas para que presentaran un «plan de contingencia» ante el paro docente. El Gobierno nacional había manifestado una «extrema preocupación» por la suspensión de clases, sugiriendo el uso de herramientas virtuales y la reprogramación de actividades para asegurar la operatividad, advirtiendo que de no hacerlo se podría revisar la transferencia de recursos presupuestarios.
Ante esto, el CIN defendió la autonomía universitaria consagrada por la Constitución Nacional, explicando que las decisiones sobre calendarios, modalidades pedagógicas y organización institucional son competencia exclusiva de los órganos de cogobierno de cada universidad. Asimismo, destacaron que el derecho a enseñar y aprender debe armonizarse con otros derechos protegidos, como el derecho a huelga y la libertad académica.
El conflicto se desarrolla en medio de un paro docente programado hasta el 2 de mayo y la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo. Mientras el gobierno presiona por la continuidad de las clases, figuras como el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y representantes gremiales coinciden en que la gestión actual busca desarticular el sistema al no actualizar los salarios ni cumplir con la normativa vigente.
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