11 Nov 08:15h
La audiencia de formalización en la causa por presuntas anomalías en la obra del Acueducto Gran Tulum comenzó este martes 10 de noviembre con la asistencia presencial del senador nacional y exgobernador Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino. Luego de extensas jornadas de planteos por parte de las defensas y de la exposición inicial de los hechos, la jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso un cuarto intermedio hasta la tarde de este miércoles.
Al finalizar la sesión, el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada (UFI) Delitos Especiales, Sebastián Gómez, confirmó que diez de las once personas citadas acudieron a la cita judicial y detalló las razones del receso fijado por el tribunal.
Al salir del recinto, el fiscal Sebastián Gómez —quien conduce la investigación con el fiscal Francisco Pizarro— evaluó lo ocurrido en la primera jornada del proceso. «Más allá de lo transcurrido en el día de la fecha, lo importante, creo yo, es que se dio inicio por fin a la audiencia de formalización», manifestó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Gómez aclaró que el receso obedeció a una indicación de la magistrada sobre la exposición de la acusación: «las razones de la jueza para determinar un cuarto intermedio, entendiendo que no se estaba oralizando el hecho como ella había exigido». Frente a este requerimiento, el fiscal anticipó los pasos para la reanudación: «intentaremos mañana hacer un poco, redondear un poco más el hecho, hacerlo más global, más genérico. Espero eso que a la señora jueza de garantía le baste y no implique un posterior planteo de nulidad».
Respecto a la extensión de la audiencia, Gómez argumentó que la complejidad temporal del caso impide síntesis precipitadas: «[es] una maniobra de 10 años aproximadamente, entonces reducirlo a 2 horas de audiencia me parece un poco bastante difícil».
Durante la presentación de la prueba, la fiscalía expuso la participación de los principales referentes políticos involucrados. En particular, Gómez confirmó que Cristian Andino, en su etapa como presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), ejerció una influencia directa en las decisiones destinadas a relajar los controles de la obra, medida que coincidió con el periodo de Sergio Uñac al frente del Gobierno provincial.
Ante los cuestionamientos sobre un eventual trasfondo político en el proceso, el fiscal remarcó la independencia de la investigación. «[Aquí se busca determinar] un hecho delictivo más allá de las figuras políticas que puedan estar implicados o no», declaró Gómez, quien en oportunidades anteriores remarcó: «Nosotros estamos totalmente apartados de lo que es la intencionalidad política» y «actuamos como lo hacemos con cualquier otra causa, sin importar quiénes son las personas intervinientes».
Consultado sobre la denuncia penal radicada en su contra en el fuero federal por presunto abuso de autoridad, el funcionario la desestimó de forma tajante. «No tengo mucho para decir, estimo que son propias chicanas. Lo único, he sido notificado de la existencia de una denuncia que la habría realizado la misma persona que pretende que la causa se vaya a la justicia federal», sostuvo Gómez, quien garantizó que todos los requerimientos federales fueron contestados «en debida forma y en forma oportuna».
«La verdad, si esta causa no tiene un condimento político, yo no entiendo nada», dijo Sergio Uñac.
“Venimos a colaborar con una sola preocupación: que todo esto no tenga alguna intencionalidad política, teniendo en cuenta que estamos a meses de una elección provincial”, dijo Cristian Andino
Los 11 notificados y sus roles procesales en la causa
La investigación conducida por la UFI Delitos Especiales abarca a once personas notificadas para la audiencia de formalización, quienes quedarán imputadas de manera provisoria mientras se desarrolla la Investigación Penal Preparatoria (IPP). La nómina completa de los involucrados y sus roles en la causa incluye a:
- Sergio Uñac: exgobernador de San Juan y actual senador nacional, señalado como la máxima autoridad política provincial durante las modificaciones a la obra.
- Julio Ortiz Andino: exministro de Obras y Servicios Públicos de San Juan.
- Cristian Andino: diputado nacional, ex intendente y expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
- Guillermo Sirerol: exdirector y autoridad de OSSE.
- Juan Carlos Caparrós: extitular de OSSE.
- Sergio Ruiz: expresidente de OSSE y exfuncionario vinculado al área de infraestructura.
- Gustavo Mastelono: exfuncionario vinculado a la ejecución del proyecto.
- Humberto Caballero: exfuncionario provincial.
- Juan Sánchez: exfuncionario provincial.
- Francisco Javier Correa: exfuncionario y técnico vinculado a la obra.
- Rolando Vicente Caruso: presidente y representante legal de la empresa Krah América Latina S.A., firma proveedora de la tubería instalada.
La audiencia realizada este martes representa la concreción de una citación pospuesta. El primer intento de formalización ocurrió el 14 de octubre en un recinto que colmó su capacidad y demandó medidas especiales de seguridad vial y de circulación en los alrededores del edificio judicial. En aquella fecha, la inasistencia de Uñac y Cristian Andino motivó objeciones por parte del fiscal Gómez, quien reservó el pedido de desafuero parlamentario si persistía la ausencia.
Previo al encuentro del 10 de noviembre, la defensa de Cristian Andino —encabezada por los abogados Guillermo Sergio Toranzo, Federico González Viola y Federico Esteybar— solicitó autorización para que el diputado nacional participara mediante la plataforma Zoom con el argumento de sus compromisos en el Congreso. La jueza de Garantías Mónica Lucero rechazó la solicitud y declaró inadmisibles los recursos de revocatoria, nulidad y apelación subsidiaria. La magistrada estableció que la presencialidad es la regla ordinaria del fuero penal y que la modalidad del acto integra la dirección del proceso.
El origen de la investigación
La causa penal inició en diciembre tras una denuncia formulada por el abogado y dirigente político Marcelo Arancibia, con base en investigaciones periodísticas sobre irregularidades en el Acueducto Gran Tulum. La megaobra, diseñada para abastecer de agua potable a un millón de habitantes y superar la capacidad de la planta de Marquesado, fue proyectada en la gestión del exgobernador José Luis Gioja y sufrió modificaciones estructurales bajo la administración de Uñac. Gómez descartó que la no citación de Gioja represente un sesgo o discriminación, e indicó que la lista de 11 citados no es un esquema cerrado.
El expediente consta de casi 100 cajas con documentación y enfoca la pesquisa en supuestos delitos de fraude en la contratación provincial, dudas sobre la calidad de los caños provistos por Krah América Latina S.A. —los cuales fueron enterrados y posteriormente desenterrados para peritajes— y sospechas de tráfico de influencias en favor del fallecido Gustavo Monti, quien tenía un vínculo de parentesco con Uñac. En septiembre, la fiscalía concretó allanamientos en la sede de la empresa Krah con el secuestro de computadoras y documentación técnica. La Fiscalía de Estado participa en el proceso en rol de querellante para proteger el patrimonio provincial.
Conflicto de competencia
En el terreno procesal, la defensa de Sergio Ruiz, bajo la representación del abogado Nasser Uzair, solicitó el traslado del expediente a los tribunales federales de Comodoro Py con el argumento de que la obra dispuso de financiamiento nacional y créditos internacionales de Kuwait. El fiscal Gómez desestimó la postura al indicar que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determina la competencia provincial una vez que los fondos ingresan a las arcas de la provincia.
De forma paralela, Ruiz radicó una denuncia penal contra el fiscal Gómez en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Capital Federal (ante el juez Daniel Rafecas). La acusación le achaca cuatro figuras penales: resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal), violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. El origen de dicha acción radica en los informes elevados por Gómez al juzgado federal sobre las actuaciones locales. Arancibia calificó la movida federal de «chicana» procesal.
Ante estos hechos, el Fiscal General de la Corte de San Juan, Guillermo Baigorrí, emitió el 28 de octubre un comunicado institucional de firme respaldo a los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro. En el documento, Baigorrí recalcó el apoyo total del organismo a sus miembros en causas por corrupción, y elogió la «honradez, profesionalidad, dedicación, valentía, compromiso con la verdad y buena fe» de los investigadores, al ratificar que el Ministerio Público seguirá guiado por su consigna de «hacer el deber ser».
PELADO STREAM
Sin comentarios