28 Abr 07:54h

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, intimó formalmente a los rectores de las universidades nacionales para que informen las medidas adoptadas para garantizar el dictado de clases ante el paro docente que afecta a las casas de altos estudios. El Gobierno nacional manifestó una «extrema preocupación» por la suspensión de la actividad académica y exigió la presentación de un plan de contingencia que asegure el derecho a la educación de los estudiantes.

La exigencia oficial, firmada por el subsecretario Alejandro Álvarez, otorga un plazo de menos de 48 horas para que las autoridades universitarias detallen cómo garantizarán el acceso a las aulas, incluyendo a los docentes que no se sumen a la medida de fuerza. Entre las modalidades sugeridas por el Ejecutivo se encuentran el uso de herramientas virtuales y la reprogramación de clases para evitar que los alumnos pierdan la regularidad o sus mesas de examen.

El comunicado del Ministerio advierte que el sostenimiento financiero por parte del Estado exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema. En este sentido, se señaló que el incumplimiento de este requerimiento podría habilitar una revisión en la asignación y transferencia de los recursos presupuestarios destinados a las universidades.

Desde el sector universitario, la respuesta no se hizo esperar. Los sindicatos docentes y no docentes de la Universidad Nacional de San Juan ratificaron la medida de fuerza y renovaron la convocatoria a un «abrazo simbólico» a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento para este miércoles 29 de abril a las 9 de la mañana, en una acción conjunta entre la Federación Universitaria de San Juan, ADICUS, SIDUNSJ, UDA y APUNSJ.

En tanto, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, cruzó al Gobierno afirmando que la gestión actual «desfinancia y desarticula el sistema» al no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Por su parte, representantes gremiales como Federico Montero (CONADU) y Pablo Perazzi (Feduba) calificaron la intimación como una «cortina de humo» y una maniobra para dilatar la aplicación de normativas vigentes y fallos judiciales favorables a la recomposición salarial.

Este cruce ocurre en el contexto de un paro docente programado hasta el 2 de mayo y en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el 12 de mayo, donde estudiantes, docentes y rectores exigirán el cumplimiento de la ley de financiamiento y la actualización de los salarios del sector.

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