21 Ene 08:18h
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó su preocupación y disidencia frente a puntos clave del proyecto de «Modernización Laboral» que el Gobierno nacional incluyó en el temario de sesiones extraordinarias.
Si bien la entidad coincidió en la necesidad de una actualización normativa, advirtió que la redacción actual de cinco artículos específicos generaría una «incertidumbre muy compleja» y potenciales conflictos legales para el sector productivo.
El debate legislativo se desarrollará entre el 2 y el 27 de febrero, período en el cual el oficialismo buscará aprobar un ambicioso paquete de 197 artículos. El núcleo de la reforma propone modificar el esquema de vacaciones, crear un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) optativo para reemplazar el sistema de indemnizaciones tradicional y establecer un banco de horas en lugar del pago de horas extras.
No obstante, la CAME puso el foco en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132, los cuales podrían comprometer la sostenibilidad de las organizaciones empresariales.
Ricardo Diab, presidente de la CAME, explicó en declaraciones a Radio Rivadavia que la reforma de estos apartados apunta a la inexistencia de las cámaras tal como están constituidas actualmente.
El artículo 128, por ejemplo, establece que los aportes patronales previstos en convenciones colectivas pasarán a ser estrictamente voluntarios, eliminando su obligatoriedad. Diab señaló que, aunque los convenios requieren actualización, estos «no pueden caer de un día para otro» sin provocar un vacío institucional y legal.
Otro punto de fuerte tensión es el fin de la ultraactividad contemplado en los artículos restantes cuestionados. Esta medida implicaría que, de no mediar un nuevo acuerdo en cada rubro, los convenios vencidos dejarían de regir para ser reemplazados por la Ley de Contrato de Trabajo general.
Además, el proyecto otorgaría la facultad de suspender convenios vigentes cuando se considere que generan «distorsiones económicas graves que afecten el interés general», una cláusula que genera recelo en el sector privado y en las provincias.
La agenda de extraordinarias no se limitará a la cuestión laboral, ya que el Ejecutivo incluyó también la modificación de la Ley de Glaciares, el respaldo al acuerdo Mercosur-Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante dicho bloque.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior mantiene negociaciones con los gobernadores, dado que la reducción de alícuotas en el impuesto a las Ganancias para sociedades prevista en la reforma impactaría directamente en los fondos coparticipables de las provincias.
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