19 Ene 08:15h

El presidente Javier Milei oficializó este lunes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para el mes de febrero, a través del Decreto 24/2026. Con las firmas del mandatario y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se estableció un cronograma legislativo que se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero. El Poder Ejecutivo dispuso un temario de cuatro proyectos clave que incluyó la reforma laboral y modificaciones en la protección de glaciares.

El decreto publicado en el Boletín Oficial estipuló que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario. El artículo primero de la norma indicó taxativamente la citación y aclaró que cualquier tratamiento de temas excedentes a la agenda oficial necesitará de una nueva convocatoria o el consentimiento expreso del Presidente.

Esta será la segunda vez que el Gobierno recurra a sesiones extraordinarias desde el inicio de la gestión, tras haber logrado en diciembre la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

Dentro de los temas centrales, la reforma laboral se destaca como la prioridad política inmediata. El ingreso del proyecto al Parlamento se prevé para el 11 de febrero, con el objetivo de que el Senado garantice su aprobación durante la primera quincena del mes.

La estrategia parlamentaria quedó bajo la conducción de Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, quien busca asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.

La agenda legislativa se completa con otras tres iniciativas de alto impacto institucional y económico. El Ejecutivo solicitó la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, recientemente firmado en Paraguay. Asimismo, se incluyó el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, junto con el pliego para designar a Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.

Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) constituye uno de los ejes más sensibles de la convocatoria a extraordinarias, ya que busca destrabar millonarias inversiones mineras, especialmente en provincias como San Juan y Catamarca, mediante una «adecuación» de los criterios técnicos de protección.

A continuación, se detallan los puntos centrales de la modificación propuesta por el Gobierno:

Redefinición del Ambiente Periglacial

El cambio fundamental reside en la delimitación de qué áreas están protegidas. La ley actual posee una definición amplia del «ambiente periglacial», lo que para el Ejecutivo genera una «inseguridad jurídica» que paraliza proyectos. La reforma propone:

• Protección específica: Solo se considerarían protegidos aquellos sectores que cumplan una función hídrica efectiva y estratégica como reserva de agua.
• Exclusión de geoformas: Se permitiría la actividad económica en áreas que, aunque posean suelos congelados, no contribuyan significativamente a la recarga de cuencas hídricas.

Federalismo y Autoridad Provincial

El proyecto impulsa un traspaso de facultades hacia las provincias (dueñas de los recursos naturales según la Constitución):

• Las autoridades provinciales tendrían un rol más activo en la identificación de los glaciares y en la realización de los estudios de impacto ambiental.
• Se busca que las provincias definan distancias y criterios de intervención, reduciendo la dependencia absoluta del Inventario Nacional de Glaciares gestionado por el IANIGLA (organismo del CONICET).

Minería y RIGI

La adecuación es vista por el oficialismo como la llave para activar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el sector metalífero.

• Cobre y Litio: Proyectos como Josemaría, Filo del Sol, El Pachón y Agua Rica se verían directamente beneficiados, ya que algunos de sus componentes de infraestructura se encuentran en zonas actualmente en disputa por la ley vigente.
• Seguridad Jurídica: El Gobierno argumentó que la reforma no elimina la protección, sino que la «ordena» para evitar que interpretaciones «arbitrarias» bloqueen inversiones de más de 13.000 millones de dólares.

Mientras el sector minero y los gobernadores cordilleranos respaldan la medida para fomentar el empleo y las exportaciones, organizaciones ambientales y sectores de la oposición alertan que flexibilizar los límites pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país frente al cambio climático.

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