07 Jul 21:44h
El vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero, advirtió sobre el riesgo de otorgar exclusividad a la empresa Vicuña S.A. sobre la capacidad excedente de la red de 500 kV. El organismo provincial cuestionó el pedido de la minera para asignar a su favor el 90% de dicha capacidad, lo cual podría transformarse en un «privilegio monopólico» que obstaculice otros desarrollos en la cordillera.
En una entrevista concedida este martes al programa Pelado Stream, el funcionario anticipó que la resolución definitiva del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) se conocerá «dentro de algunos días». Ferrero enfatizó que el organismo provincial no busca una disputa legal con la operadora ni con las autoridades nacionales y que existe voluntad de diálogo. «Nosotros no queremos poner traba. Todo lo contrario. Queremos que esto se haga rápido, cuanto antes mejor», aseguró el directivo para desestimar cualquier ánimo de confrontación.
La postura del EPRE, elevada formalmente el pasado 3 de julio, se fundamenta en un estudio técnico del Instituto de Energía Eléctrica (UNSJ-CONICET) que respalda la necesidad de un modelo multiusuario. El vicepresidente del ente remarcó que el objetivo es evitar situaciones que generen litigiosidad innecesaria. «Nadie se va a ver beneficiado por una situación en donde alguna de las partes sienta que el trato no ha sido equitativo», afirmó Ferrero en relación con la posible conflictividad jurídica que derivaría de un trato preferencial.
La disputa técnica se centra en que la infraestructura de extra alta tensión se ejecutó con el aporte de los usuarios sanjuaninos a través del Fondo PIEDE. Por este motivo, el regulador exigió que se reconozca ese esfuerzo previo y que la administración de la red sea transparente. Ferrero subrayó que la prioridad de Vicuña debe limitarse a sus necesidades reales: «La empresa es una empresa minera… no vende capacidad de transporte, vende cobre».
Como antecedente, en la audiencia pública del 3 de junio, el proyecto Los Azules ya había impugnado la solicitud de Vicuña por considerarla una «transferencia de un activo público a un privado». Ante esto, el EPRE ratificó que cualquier conformidad técnica está sujeta a la Ley Provincial N° 1181-A. Esta norma obliga a las mineras a internalizar los costos de mitigación para que el impacto de su demanda no recaiga en las facturas de los hogares y comercios de San Juan.
PELADO STREAM
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