11 Jun 08:09h
El Ministerio de Capital Humano formalizó un acta con rectores y gremios que incluye aumentos en sueldos, becas y fondos para hospitales, aunque las instituciones mantienen su demanda ante la Corte Suprema.
El Gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, alcanzó este miércoles un acuerdo de recomposición salarial y presupuestaria con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales docentes y no docentes.
El entendimiento establece un incremento total del 24,33% en la masa salarial, que se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio (sobre los básicos de mayo) y un 3% adicional en octubre.
Además de la mejora salarial, el acta firmada contempla una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026. En materia de salud y bienestar estudiantil, el Ejecutivo dispuso un refuerzo de $50.000 millones para los hospitales universitarios y un incremento del 50% en los montos de las Becas Manuel Belgrano.
Pese a la firma del acta, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calificó la medida como un paso «importante pero insuficiente», advirtiendo que no resuelve el problema estructural del sistema.
Por este motivo, las autoridades universitarias confirmaron que no retirarán la demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue vetada por el presidente Javier Milei y luego refrendada por el Congreso.
El conflicto tiene como trasfondo un marcado deterioro del poder adquisitivo: entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los salarios universitarios subieron un 178% frente a una inflación acumulada del 293%, lo que generó una pérdida real de casi el 30%.
Sectores sindicales como la FAGDUT señalaron que este acuerdo es un «ajuste a cuenta» de lo adeudado y destacaron que la paritaria volverá a reunirse a mediados de septiembre para revisar la evolución de los precios.
Finalmente, el acuerdo impone a las universidades la obligación de rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente y garantiza partidas para la capacitación de las entidades gremiales. Mientras tanto, algunos sectores docentes han criticado el pacto calificándolo de «fraudulento», alegando que el aumento no llega a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.
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