06 Ene 08:23h
Nicolás Maduro Moros se declaró inocente y afirmó ser un «prisionero de guerra» durante su comparecencia ante el juez federal de Nueva York, Alvin Hellerstein. Tras ser capturado en Caracas el pasado sábado 3 de enero mediante una operación militar estadounidense que dejó decenas de fallecidos, el mandatario venezolano rechazó los cargos de narcoterrorismo y conspiración en su contra.
Bajo la defensa de Barry Pollack, reconocido por representar anteriormente a Julian Assange, Maduro sostuvo que su traslado a Estados Unidos constituyó un secuestro y una violación a la inmunidad de los Jefes de Estado establecida por el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
La defensa cuestionó la legalidad de la «abducción militar» y argumentó que el estatus de Maduro como presidente soberano le otorgaba privilegios de inmunidad que fueron vulnerados por el uso de la fuerza. Durante el proceso, su esposa Cilia Flores también se declaró inocente tras ser trasladada junto al mandatario.
El despliegue judicial ocurrió luego de que las autoridades estadounidenses exhibieran a Maduro esposado en Nueva York, un hecho que generó comparaciones con exhibiciones de prisioneros de guerra de la antigüedad y que fue celebrado por el presidente Donald Trump, quien ratificó la capacidad de su país para intervenir militarmente sin que nadie pudiese detenerlos.
La comunidad internacional reaccionó con posturas divididas ante la ruptura del orden jurídico global. Mientras Rusia y China exigieron la liberación inmediata del matrimonio presidencial y denunciaron la violación de la soberanía venezolana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió al Consejo de Seguridad que no se respetó el derecho internacional en la acción del 3 de enero.
En Europa, la Unión Europea mantuvo una posición ambivalente al cuestionar los métodos de Trump pero tildar a Maduro de dictador, mientras que Suiza, tras una crítica inicial, decidió bloquear los bienes del dirigente venezolano.
En el ámbito social, diversos sindicatos y movimientos europeos se movilizaron en solidaridad con Venezuela y repudiaron la intervención estadounidense. Señalaron que el verdadero objetivo de la operación fue el control de los recursos petroleros.
Analistas y dirigentes políticos advirtieron que este precedente dejó al descubierto una política de atropellos directos por parte de Washington que, a diferencia de los finales de otros líderes como Khadafi o Hussein, enfrentará ahora un proceso judicial con pruebas que la defensa consideró inconsistentes y de alto costo político para la administración Trump.
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