25 Feb 07:37h
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad la adenda al convenio entre la provincia y la Dirección Nacional de Vialidad. La norma autorizó la transferencia de competencias para que la Dirección Provincial de Vialidad ejecute y financie con recursos propios obras estratégicas en rutas nacionales. El bloque justicialista respaldó la iniciativa en el recinto, aunque manifestó fuertes críticas por la desatención del Gobierno Nacional y el uso de fondos locales para cubrir obligaciones federales.
La medida facultó la intervención en la intersección de Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, en Santa Lucía, y en diversos cruces de la Ruta Nacional 150 en Iglesia. El diputado Enzo Cornejo actuó como miembro informante y justificó la decisión ante la parálisis de la inversión externa. El debate evidenció una marcada división política respecto a la responsabilidad financiera de los trabajos, pese a que la votación final resultó afirmativa por parte de los 36 legisladores presentes en la sesión extraordinaria.
Críticas a la deserción del Estado Nacional
El peronismo cuestionó la falta de reciprocidad de la Casa Rosada hacia la gestión provincial. La diputada Cristina López sostuvo que «el Estado Nacional se lava las manos» y calificó como «lamentable que el único espacio que nos queda es pedirles permiso para hacer las obras que el Estado Nacional no hace». Por su parte, el diputado Miguel Vega solicitó prioridad para la Ruta 40 Norte y denunció la «despreocupación que el Gobierno Nacional mostró sobre la infraestructura vial en la provincia».
El diputado Mario Herrero advirtió sobre el impacto económico para los contribuyentes sanjuaninos. «No es justo que los sanjuaninos paguen. No naturalicemos que esto es una irregularidad. Pagamos doblemente: en el impuesto destinado al mantenimiento de rutas nacionales y con los recursos provinciales que tienen que salir a hacer frente porque al señor Presidente se le ocurrió que no», sentenció durante su alocución en el recinto.
Defensa de la gestión y responsabilidad fiscal
Desde el oficialismo provincial y sectores aliados defendieron el acuerdo como una muestra de autonomía y eficiencia. El diputado Fernando Patinella rechazó las acusaciones de abandono y atribuyó la situación a la herencia recibida. «Yo lo veo más como una gestión responsable que parte no solo de los fondos que percibe el Gobierno Nacional, sino también de los fondos que dejaron en caja, una caja que se vio gravemente afectada por el despilfarro y la corrupción de la mano de la obra pública», afirmó el legislador.
La diputada Marcela Quiroga respaldó la metodología del Ejecutivo local y minimizó el conflicto de competencias. «No me parece que sea pedir permiso, sino cumplir con la forma nada más. Acostumbrémonos a estas cosas porque es la forma de trabajar del gobernador Marcelo Orrego«, indicó la parlamentaria.
La sesión concluyó con la sanción de la ley, lo que permite el inicio inmediato de los procesos administrativos para el mantenimiento de los accesos y cruces de alto tránsito contemplados en el texto.
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