07 Ene 07:56h
El Gobierno nacional tomó la decisión política de negociar con la CGT modificaciones en el proyecto de reforma laboral que se encuentra en el Senado para asegurar los votos necesarios para su aprobación. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, confirmó que el oficialismo está abierto y flexible a realizar cambios.
El objetivo central de la administración de Javier Milei es lograr que la ley se trate en el recinto el próximo 10 de febrero, siguiendo un esquema de consenso similar al que se aplicó con la Ley Bases.
Para organizar este proceso, Bullrich anticipó que el 16 de este mes comenzará a funcionar una comisión técnica liderada por su asesora Josefina Tajes. Este equipo trabajará con los bloques aliados y analizará las observaciones presentadas tanto por la central obrera como por diversas entidades empresariales.
La legisladora libertaria señaló que el 26 de enero se iniciarán formalmente las reuniones con los senadores para trabajar sobre el dictamen, manteniendo una postura de diálogo con todos los sectores que busquen aportar ideas en el marco de una transformación del sistema actual.
La senadora oficialista condicionó el avance de las negociaciones a que las propuestas sindicales sean «razonables» y apunten genuinamente a la generación de empleo formal. Bullrich subrayó que el mercado laboral argentino estuvo destruido durante muchos años y que las empresas necesitan certezas respecto a los juicios laborales y las contingencias para animarse a contratar.
En este sentido, instó a la CGT a ayudar a cambiar las reglas de juego si su intención es reducir el empleo informal y proteger los puestos de trabajo existentes. A pesar de la apertura al diálogo, el oficialismo aclaró que todavía no recibió una contrapropuesta concreta por escrito por parte de los representantes gremiales.
Bullrich enfatizó que las conversaciones se centralizarán en el ámbito del Senado y no a través de interlocutores externos del Ejecutivo como Santiago Caputo o Martín Menem. La estrategia oficial busca sumar el apoyo del radicalismo, el PRO y los bloques provinciales para consolidar una mayoría que permita sancionar la normativa.
Respecto a puntos sensibles como las cuotas solidarias que financian a los sindicatos, la ex ministra de Seguridad vinculó cualquier concesión a un acuerdo global. Sostuvo que, si el sindicalismo acompaña la resolución de los litigios, la modernización de las modalidades laborales y la flexibilización de los convenios colectivos, se pueden discutir otros aspectos en el marco de una negociación integral.
Finalmente, reiteró que la prioridad es que la ley resulte útil para dinamizar la economía y que no aceptarán propuestas que pretendan dejar el sistema sin cambios estructurales.
PELADO STREAM
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