19 Mar 14:16h
Este jueves trascendió el primer informe técnico oficial sobre la calidad de los materiales utilizados en la obra del Acueducto Gran Tulum, encargado por OSSE a la Consultora Interacción. El documento, que cuenta con la certificación de la firma internacional Bureau Veritas, concluyó que las cañerías instaladas no son aptas para el transporte de agua potable. Según el estudio, los tubos analizados corresponden a usos cloacales y de desagüe, lo que representa una falla crítica en la infraestructura hídrica de la provincia.
Los especialistas señalaron que este tipo de materiales no se diseñó para soportar presión, condición indispensable para una red de agua potable. El informe advirtió que la utilización de estos caños implica un riesgo sanitario potencial, debido a que podrían liberar partículas perjudiciales con efectos tóxicos al entrar en contacto con el fluido destinado al consumo humano. Esta revelación técnica se incorporó a la causa penal que tramitó en la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección de los fiscal Francisco Pizarro y Sebastián Gómez.
EL FISCAL GÓMEZ CONFIRMÓ LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS DIGITALES
El fiscal Sebastián Gómez brindó precisiones sobre el estado de la investigación y confirmó que la fiscalía recibió un pendrive con numerosa documentación técnica proveniente del Ministerio de Infraestructura. El funcionario judicial señaló que la justicia investigó el proceso desde su génesis para determinar si existió un hecho ilícito. Gómez aclaró que el equipo de ayudantes fiscales trabajó en el análisis del material recibido para verificar si la documentación coincidió con las denuncias sobre la ineptitud de los caños.
Respecto a la presunta toxicidad de los materiales, el fiscal advirtió que no basta con informes administrativos y que la fiscalía necesita realizar una pericia técnica independiente. El funcionario subrayó que la investigación se basa en hechos presumiblemente ilícitos y que la calificación legal de los posibles delitos se realizará una vez que se constaten irregularidades concretas.
INVESTIGACIÓN CONTRA LA GESTIÓN ANTERIOR Y RIESGOS ECONÓMICOS
La denuncia judicial apuntó a presuntas irregularidades en la licitación y ejecución de la obra durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac. El foco de la investigación se centra en la empresa KRAH, proveedora de los caños observados, y en el cumplimiento de los protocolos de control por parte de los funcionarios de OSSE de la administración pasada. El Estado provincial decidió constituirse como querellante en la causa, lo que reflejó la gravedad de las sospechas en torno al proyecto estratégico.
La obra del Acueducto Gran Tulum se proyectó para abastecer a un millón de habitantes y contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), crédito que la provincia ya comenzó a devolver. El informe técnico sugirió que, de confirmarse definitivamente la ineptitud de los materiales, sería necesario retirar y reemplazar las cañerías instaladas. Esta situación derivó en una paralización parcial de los trabajos y planteó un perjuicio económico millonario para las arcas de San Juan.
SITUACIÓN DE TESTIGOS Y PRÓXIMOS PASOS JUDICIALES
El fiscal confirmó que la única persona presentada formalmente en el expediente fue el abogado Marcelo Arancibia, quien radicó la denuncia original. Sobre la posible citación de exfuncionarios, Gómez descartó llamados a declarar en el corto plazo, ya que la estrategia de la UFI prioriza establecer la existencia del delito antes de avanzar sobre nombres o partícipes. La Fiscalía de Estado se sumó como parte en la causa y tiene la facultad de aportar pruebas de manera independiente.
Ante la gravedad del hallazgo de la Consultora Interacción, se decidió convocar a un organismo técnico nacional para realizar un nuevo análisis independiente que ratifique o rectifique lo expuesto. La prioridad del Ejecutivo es garantizar la inocuidad total del sistema antes de considerar cualquier avance en la obra. La justicia mantiene bajo vigilancia la documentación relacionada con la licitación original y las actas de recepción de obra para deslindar responsabilidades.
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