10 Feb 09:18h
‘Que no meta la cola la política’, terminó diciendo el Fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, ante la insistente repregunta de este periodista en el primer programa del ciclo 2026 de Pelado Stream. Esa frase tuvo una alta carga política, aunque parezca una contradicción.
Baigorrí es un hombre de la política, es un reconocido jurista, pero también aprendió a las reglas de esta arena en la que, queriendo o sin querer, tendrá que jugar. Igual que debió hacerlo su antecesor, Eduardo ‘Jimmy’ Quattropani, hasta que lo sorprendió la muerte en julio del año pasado.
‘Que no meta la cola la política’, fue una frase referida a una papa caliente que hoy tiene en sus manos el Ministerio Público Fiscal. Se trata nada menos que de la potencial causa por las presuntas irregularidades en la compra de los caños para el Acueducto Gran Tulum.
Según la denuncia, los caños eran defectuosos o no servían, los proveyó una empresa que pedía más dinero que otro de los oferentes que quedó fuera de carrera y, como si esto fuera poco, la empresa ganadora tenía como supuesto intermediario al primo del entonces gobernador Sergio Uñac. Bingo.
Tiene toda la apariencia de negocio enrarecido, ¿verdad? Pero la Justicia no puede juzgar apariencias, debe juzgar pruebas. Aún lo que esté reñido con la ética puede ser legal. No cabe dar pasos en falso.
Es justamente el desafío que tiene por estas horas el Ministerio Público Fiscal: reunir una cantidad de prueba de alta complejidad técnica para determinar si hay o no mérito suficiente para formular cargos.
Hay que decirlo más fácil para que se entienda: si hay o no prueba suficiente para recién iniciar un proceso judicial. Sí, todo puede quedar en la nada.
El promotor de la causa fue el ex candidato a gobernador Marcelo Arancibia, opositor reconocido a los gobiernos de José Luis Gioja primero y Sergio Uñac después.
Arancibia se hizo eco de una seguidilla de notas de investigación de Tiempo de San Juan. El ex presidente del Foro de Abogados conoce perfectamente que una cosa es la prueba de una nota periodística y otra cosa diferente es traducir eso en una causa judicial. O tal vez no. Depende.
A esta altura saltan a la vista las similitudes con aquella investigación periodística que derivó en la condena y prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner: la causa vialidad, esa que salió a la luz con los informes de Jorge Lanata sobre las rutas de Lázaro Báez sin terminar en la Patagonia.
Por estos días se está juzgando la causa de los cuadernos de Centeno, esos cuadernos quemados, fotocopiados, corregidos, que publicó el diario La Nación con la firma del periodista Diego Cabot y que finalmente llegó a la Justicia con una cantidad de imputados, no solo CFK sino también los empresarios que presuntamente estaban del otro lado del mostrador, dispuestos a pagar coimas a cambio de ganar licitaciones de obra pública.
En una y otra causa, la defensa de Cristina argumentó que aquí hubo, hay y habrá lawfare. Es decir, persecución política. Que todo el aparato mediático y judicial se montó en una acción coordinada para proscribirla.
Este es el gran fantasma que hoy acecha al flamante Fiscal General de San Juan, Guillermo Baigorrí. Si el Ministerio Público Fiscal no reúne la prueba suficiente le cabrá la sospecha de haber cerrado un pacto de no agresión. Incomprobable.
Pero si el Ministerio Público Fiscal reúne la prueba suficiente que justifique la imputación de los funcionarios intervinientes en la obra del Acueducto Gran Tulum durante la gestión de Sergio Uñac y, por qué no, el propio exgobernador, habrá una parte de la sociedad que aplauda el castigo a la presunta corrupción y otra parte de la sociedad que automáticamente sospeche persecución política.
¿De parte de Baigorrí? De parte del poder de turno. Porque el Fiscal General salió de Producción y Trabajo. Es un hombre de la política, fue diputado nacional por el partido que fundó Roberto Basualdo y fue designado por esta Legislatura a fines del año pasado, a instancias del oficialismo orreguista con la oposición del bloque uñaquista/giojista.
Entonces, lo que resuelva Fiscalía acerca de acusar o no en esta potencial mega causa será pasible de lectura jurídica sí, pero fundamentalmente tendrá lectura política.
Ahí radica entonces esta preocupación manifiesta de Baigorrí, de que ‘la política no meta la cola’, de reunir la prueba meticulosamente, de someterla a la más rigurosa prueba, dato por dato, para finalmente dar un paso en firme cuando se pueda.
Habrá costos en un sentido o en el otro y eso también es sabido.
PELADO STREAM
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