25 Feb 07:57h
La fiscal de Cámara, Silvina Gerarduzzi, denunció penalmente al intendente de Angaco, José Castro, y a tres concejales oficialistas por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación judicial incluyó además las figuras de encubrimiento agravado y negociaciones incompatibles con la función pública para los ediles Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López.
La medida se concretó luego de que el municipio intentara validar un acuerdo económico de 5 millones de pesos para extinguir la acción penal contra el jefe comunal.
La denuncia ante la UFI Delitos Especiales surgió como respuesta a una ordenanza municipal que pretendía sellar un pacto de conciliación. Según la fiscalía, tanto el intendente como los legisladores municipales se arrogaron facultades exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público al intentar disponer de la acción penal mediante un acto administrativo.
Gerarduzzi calificó la maniobra como un «pacto de impunidad» y un hecho de gravedad institucional que buscó eludir el debate oral y público.
Rechazo a la estrategia de conciliación
La fiscal Gerarduzzi adelantó su oposición absoluta al acuerdo que proponía una donación a Cáritas de Angaco como reparación del daño. El órgano acusador sostuvo que los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos son innegociables y no admiten soluciones alternativas como la probation o la conciliación.
La fiscalía subrayó que los acusados utilizaron sus cargos para interferir ilegalmente en una causa penal vigente.
El proceso judicial contra José Castro se originó a finales de 2019. La investigación señaló al intendente por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, debido al presunto uso de maquinaria y personal municipal para ejecutar obras en un predio particular situado en Chimbas.
La defensa había intentado utilizar como antecedente el caso del «Olivosgate» de Alberto Fernández, argumento que fue descartado de plano por el Ministerio Público.
Suspensión del debate y futuro judicial
El tribunal integrado por los magistrados Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal suspendió el inicio del juicio oral hasta que se resolviera la validez del acuerdo propuesto. Ante la denuncia fiscal y el dictamen negativo inminente, el cuerpo de jueces quedó en condiciones de fijar una nueva fecha de debate para el corto plazo.
La situación procesal de los tres concejales denunciados complicó el escenario político en Angaco, ya que ahora la justicia deberá investigar si existió un plan coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo para garantizar la impunidad del jefe comunal. El caso se encamina finalmente al juicio oral bajo un clima de fuerte tensión institucional en el departamento.
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