Un intendente en apuros se escuda en Alberto Fernández

08:19h

El intendente de Angaco, José Castro, solicitó la suspensión del juicio oral por presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad. La defensa del jefe comunal propuso el pago de 5 millones de pesos como reparación del daño para extinguir la acción penal.

El planteo judicial invocó el antecedente del «Olivosgate», donde el expresidente Alberto Fernández evitó el juicio mediante una compensación monetaria.

El tribunal encargado de juzgar a Castro se conformó con los camaristas Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal, integrantes de la Sala I de la Cámara Penal. Los magistrados recibieron el recurso a escasos días de la fecha de inicio del debate, fijada para el próximo lunes 23 de febrero de 2026.

La fiscalía, representada por la doctora Claudia Salica, anticipó su oposición a la salida alternativa al considerar que los delitos imputados son innegociables por la condición de funcionario público del acusado.

La investigación judicial se centró en el presunto peculado cometido mediante el uso de maquinaria y personal municipal para trabajos en un predio particular ubicado en el departamento Chimbas.

La maniobra fue detectada y denunciada por el Concejo Deliberante de Angaco a finales de 2019, durante el cierre de la anterior gestión de Castro. Los ediles validaron el proceso tras recopilar testimonios sobre el desvío de recursos que debieron aplicarse a obras de infraestructura departamental, como el alumbrado público.

El cuerpo legislativo municipal mantuvo una postura activa en el seguimiento de la causa, a pesar de las tensiones internas y las sanciones aplicadas a concejales opositores que impulsaron las investigaciones. La causa atravesó diversas instancias de procesamiento y confirmación por parte de la Sala II antes de llegar a la actual composición de la Sala I.

El Tribunal deberá dictaminar en las próximas horas si el ofrecimiento de los 5 millones de pesos resulta suficiente para suspender el proceso o si el intendente deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

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Redacción PeladoStream
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