21 Ene 08:03h
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, intimó al Gobierno nacional a poner en plena vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad en un plazo máximo de diez días hábiles.
A pesar de la resistencia del presidente Javier Milei, la Justicia fijó el 4 de febrero como fecha límite para el cumplimiento total de la normativa. En caso de mantener el incumplimiento, las autoridades enfrentarán multas diarias y posibles causas penales por desobediencia, según advirtieron las familias y colectivos que impulsaron el amparo.
La resolución judicial, dictada en plena feria, exigió al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que acrediten los avances del trámite en un plazo de cinco días. La medida alcanza directamente a figuras de alto rango como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes podrían sufrir sanciones económicas y represalias legales.
La decisión de González Charvay ratificó una sentencia de diciembre que declaró inconstitucional el intento oficial de suspender la ley mediante el decreto 681/2025.
Referentes del sector, como las actrices Lola Berthet y Valentina Bassi, celebraron la intimación y exigieron el fin de las dilaciones que ya sumaron más de 130 días de retraso.
El magistrado solicitó específicamente la actualización de aranceles para centros prestadores, el plan de pago de compensaciones adeudadas, la apertura del plan ARCA para refinanciar deudas y la reglamentación de la Ley 27.793.
Aunque el Gobierno apeló el fallo a través del procurador Santiago Castro Videla, la Cámara Federal de San Martín concedió el recurso con efecto devolutivo, lo que obligó a la ejecución inmediata de la norma.
El conflicto se originó cuando Milei intentó bloquear la ley bajo el argumento de que el Congreso no especificó las fuentes de financiamiento, lo que ponía en riesgo el «déficit cero». No obstante, la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo de la ley representaría entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, una cifra que las organizaciones consideran afrontable.
Desde la Asamblea Discas en Lucha, advirtieron que el Ejecutivo buscó eliminar estos fondos incluso en el Presupuesto 2026, maniobra que fracasó en el ámbito parlamentario.
Ante la posibilidad de nuevas maniobras de demora por parte de la Casa Rosada, las organizaciones de personas con discapacidad anticiparon que evaluarán la presentación de amparos colectivos en todas las jurisdicciones del país.
Lorena Aguirre, abogada del colectivo, subrayó la vigencia del principio de no regresividad en materia de derechos humanos y denunció que la falta de cobertura actual impide a muchos beneficiarios acceder a remedios y necesidades básicas.
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