18 Dic 08:12h
La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2026 en términos generales con 132 votos a favor, pero el Gobierno sufrió una derrota política determinante durante la votación en particular. Una alianza entre la oposición y bloques provinciales logró rechazar el capítulo 11, el cual contenía el polémico artículo 75 que eliminaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.
Esta votación, que terminó 123 a 117 en contra de los intereses de la Casa Rosada, representó un mensaje directo de los gobernadores aliados ante los intentos del Ejecutivo de aplicar reformas drásticas mediante tratamientos exprés en el Congreso.
El bloque oficialista no pudo sostener la cohesión de sus aliados habituales al momento de tratar los recortes más sensibles. Diputados de provincias como Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca y San Luis, que apoyaron el proyecto general, modificaron su postura para unirse a Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda en el rechazo a las podas presupuestarias.
El capítulo descartado también incluía la remoción de la movilidad para las asignaciones familiares, la eliminación de beneficios por «zona fría» y el fin del aumento paulatino de inversión en educación técnica, ciencia y defensa.
Pese al revés en los artículos de ajuste, la Libertad Avanza consiguió media sanción para la propuesta general que proyectó un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un superávit fiscal primario del 1,5%. Además, el oficialismo logró aprobar la modificación del Régimen Penal Tributario, denominada «ley de Presunción de Inocencia Fiscal», que elevó el piso de evasión para ser considerado delito de $1,5 millones a $100 millones.
Sobre el final de la sesión, en una maniobra inesperada, se definieron también los tres representantes para la Auditoría General de la Nación (AGN).
La jornada legislativa estuvo marcada por cambios de último momento introducidos por el diputado «Bertie» Benegas Lynch para asegurar el acompañamiento del PRO y del Poder Judicial. Se facultó al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se incluyó un fondo especial de $21.347 millones para la Justicia.
Sin embargo, estas concesiones no fueron suficientes para evitar que el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas organizaciones de discapacidad mantuvieran la presión sobre los legisladores ante la insuficiencia de los $4,8 billones previstos originalmente para las universidades.
Tras el cierre de la sesión en la madrugada, el Gobierno nacional analizó los pasos a seguir de cara al Senado, donde intentará sancionar un porcentaje del proyecto antes de que finalice el año. Aunque el superávit y la estabilidad del tipo de cambio en $1.423 se mantienen como metas centrales del plan económico, el rechazo a los artículos 69, 70 y 75 obliga al Ejecutivo a recalcular su estrategia de ajuste, dado que el Congreso ratificó la vigencia de las leyes de financiamiento que Casa Rosada pretendía derogar.
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