05 Ago 08:09h
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, autorizó mediante decreto la participación virtual de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti para la próxima sesión donde se debatirá la Ley de Tierras. Esta medida desató la furia de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), quien calificó la decisión como un avance ilegal sobre el reglamento de la Cámara Alta.
Bullrich manifestó su rechazo total en una entrevista televisiva. «Lo que hizo Villarruel es un mamarracho jurídico», sentenció la senadora libertaria. Según su visión, la vicepresidenta «está militando para el kirchnerismo claramente» al intentar facilitar un voto que podría torcer el destino de la Ley de Propiedad Privada.
La legisladora insistió en que la titular del Senado «no es nadie para autorizarla» y que cualquier cambio en la modalidad de votación requiere el aval de dos tercios del cuerpo legislativo, una mayoría que la oposición no posee actualmente.
La controversia surgió tras el pedido de Fernández Sagasti, quien atraviesa un embarazo de riesgo de 32 semanas en la provincia de Mendoza. Por prescripción médica, la senadora tiene prohibido realizar viajes largos hacia la Ciudad de Buenos Aires.
El decreto que firmó Villarruel permite que la legisladora participe con voz y voto desde una sede remota, aunque aclara que la decisión final sobre la validez de este mecanismo recae en el pleno del Senado, el cual es soberano.
En la Casa Rosada, la noticia provocó indignación inmediata entre los alfiles del Ejecutivo. «Nos cambia el reglamento por decreto. Con esto puede decidir cualquier cosa», reclamaron fuentes cercanas a Bullrich ante la posibilidad de que se siente un precedente para votos remotos en situaciones de enfermedad o viaje.
El oficialismo sostiene que la única modalidad de votación válida es la presencial y que incorporar la virtualidad exige un proyecto de reforma reglamentaria que no figura en el temario de la sesión.
El núcleo de la disputa es el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros, incluido dentro de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta iniciativa busca eliminar o modificar los límites vigentes para la adquisición de terrenos nacionales por parte de capitales foráneos, un punto que genera fuertes resistencias en el PJ, la UCR y la Coalición Cívica.
Desde este último sector tildan a la norma como «Ley de Extranjerización» y denuncian que beneficia a magnates tecnológicos extranjeros.
Por su parte, Villarruel ya expresó en el pasado su desacuerdo con este punto al afirmar: «Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros». Esta postura previa alimenta las sospechas de LLA sobre una maniobra política de la vicepresidenta para obstaculizar el proyecto oficialista.
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