18 Feb 07:53h
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue denunciado penalmente ante la Justicia Federal por la adjudicación de un contrato de $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por su esposa, María Josefina Rouillet.
La presentación judicial acusó al funcionario por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
El caso surgió tras revelarse que Cancillería contrató a esta asociación para capacitar en idioma inglés a diplomáticos y aspirantes del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN).
La adjudicación se formalizó mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE por un periodo de nueve meses, con opción a prórroga por un tiempo similar. La denuncia sostuvo que no se cumplieron adecuadamente los requisitos de transparencia de la Oficina Anticorrupción (OA) y que existieron omisiones en la publicación de información obligatoria en el portal Compr.ar.
Desde el Gobierno, el canciller Pablo Quirno negó irregularidades y afirmó que la AACI presta servicios al Estado desde 2018. Aseguró que se activaron los procedimientos de integridad debido al vínculo familiar para evitar conflictos de interés.
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En paralelo a la investigación por los contratos educativos, el Ministerio de Desregulación avanzó con la contratación directa de cuatro pisos y 24 cocheras en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en el microcentro porteño. El contrato ascendió a un total de $720 millones anuales, con un canon mensual de $60 millones abonados a la firma OTOBA S.A.
La operación generó críticas debido a que contradijo la directiva de «alquiler cero» y austeridad que el propio Sturzenegger promueve para el resto de la administración pública nacional. El acuerdo estipuló que el Estado asuma el costo de las expensas ordinarias, mientras la cartera expande su estructura física en una de las zonas más costosas de la Ciudad de Buenos Aires.
La mudanza a las nuevas oficinas de Diagonal Norte involucró los pisos 3°, 4°, 5° y 6° del edificio. El Ministerio de Desregulación justificó la necesidad de estos espacios para centralizar las tareas de las secretarías que integran la nueva cartera. Sin embargo, el monto del alquiler se ubicó por encima de los promedios registrados en licitaciones similares de otros organismos.
La justicia requirió los expedientes de contratación a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para verificar si se evaluaron otras opciones edilicias de propiedad estatal antes de optar por la contratación directa de un inmueble privado de lujo.
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