20 Ene 08:18h
La diputada nacional Nancy Picón presentó dos proyectos de ley de alto impacto: la prohibición de la pirotecnia sonora en todo el país y la aplicación de sanciones económicas a los funcionarios que se aparten de las fórmulas oficiales al momento de prestar juramento.
Picón integra el bloque Producción y Trabajo, espacio que responde a la conducción política del gobernador Marcelo Orrego, dialoguista frente a las iniciativas de La Libertad Avanza. Ambas propuestas llevan la firma de respaldo del diputado Carlos Jaime.
La propuesta denominada «Juramento de Funcionarios» establece que cualquier persona que asuma una función pública en los tres poderes del Estado y se aparte del texto reglamentario durante su jura, deberá donar automáticamente el 50% de sus haberes mensuales.
Los fondos resultantes de esta sanción se destinarán al Ministerio de Capital Humano para programas de contención social. Según los fundamentos del proyecto, se observó que el acto solemne se utilizó en reiteradas oportunidades para manifestar deseos personales o emitir disconformidades, lo que deformó el significado de compromiso con la Patria y la Constitución.
Simultáneamente, el proyecto de «Pirotecnia Sonora Cero» prohíbe en todo el territorio nacional la comercialización, fabricación, transporte y uso particular de artificios pirotécnicos que produzcan efectos audibles o mecánicos mediante detonaciones.
La iniciativa permite únicamente la producción y venta de pirotecnia lumínica, siempre que no genere daños de gravedad y sea evaluada por la autoridad de aplicación. El Ministerio de Seguridad de la Nación quedó designado como el organismo responsable de coordinar los controles y realizar campañas de concientización.
En cuanto a las sanciones por el uso de pirotecnia sonora, el texto prevé multas que oscilan entre las 2.000 y 10.000 Unidades Fijas (UF), además del decomiso de la mercadería y la clausura de locales comerciales por hasta diez días en la primera infracción.
En casos de reincidencia, la clausura podrá extenderse hasta los sesenta días hábiles. Lo recaudado por estas multas deberá ser utilizado específicamente para solventar campañas sobre los riesgos del uso de explosivos.
Los fundamentos de esta segunda norma destacan la necesidad de proteger a los grupos vulnerables, como personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), niños y adultos mayores, quienes sufren graves perjuicios de salud por ruidos que superan los 140 db. Asimismo, Picón argumentó que la ley busca evitar el daño ambiental y el sufrimiento de los animales, que suelen padecer acusticofobia severa y parálisis ante las explosiones.
La diputada recordó que varias provincias ya cuentan con normativas similares y que es momento de que el Estado Nacional unifique estos criterios.
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